Arrancó Programa piloto de gobernabilidad

*Gracias al convenio entre la Contraloría Departamental, el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales, Cedae de la Registraduría Nacional, y la Organización de Estados Americanos, OEI, se adelantará un proyecto en la región que busca mejorar los niveles de gobernabilidad en la zona y fortalecer la democracia y el desarrollo.

De manera simultánea en cuatro municipios del Cauca, concebidos como sedes zonales, comenzó el jueves, 20 de noviembre, el programa de Capacitación Integral en Gestión Pública y Gobernabilidad dirigido a funcionarios del Departamento.

Popayán, Santander de Quilichao, Guapi y Rosas serán los escenarios donde se congregará el personal que participará en este programa de capacitación que se extenderá hasta el próximo 13 de diciembre y en el cual se espera formar aproximadamente a 500 funcionarios del Cauca.

Para Álvaro Macera Ospina, experto y capacitador del Cedae, el propósito central del Programa es alcanzar mayor gobernabilidad en el Cauca, “Si yo alcanzo a tener mayor gobernabilidad puedo decir que mi propuesta de desarrollo va a ser una realidad en el territorio. El proyecto entonces, busca capacitar para crear capital humano y así lograr que haya mayor efectividad en la gestión pública y con ello más credibilidad y confianza, así ganamos gobernabilidad y le apuntamos realmente a lo que es el desarrollo porque no podemos concebir la democracia sin desarrollo”.

Según el especialista se han identificado graves problemas en el país y en el Cauca relacionados con el territorio, las finanzas y la brecha social, entre otros, que afectan la gobernabilidad y que necesitan soluciones reales.

Con este Programa, donde el Cauca es piloto a nivel nacional, se espera dar las bases necesarias para trabajar la carencia de capital humano, fortalecer la organización pública hacia la efectividad, ganar gobernabilidad y trabajar hacia el desarrollo y la democracia.

El Cedae
El Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales, Cedae, tiene por objeto contribuir a la formación de ciudadanos aptos para vivir en democracia, mediante la instrumentación de programas institucionales de capacitación y sensibilización, desarrollo de líneas de investigación, realización de publicaciones y campañas de divulgación, encaminados a fomentar la participación ciudadana, el fortalecimiento de la identificación de los colombianos y la práctica de los valores democráticos.

El Cedae tiene cinco líneas de trabajo, en las que busca desarrollar proyectos de investigación capacitación, sensibilización, divulgación y publicación, en asocio con otras entidades y organizaciones. Las líneas de trabajo son:
• Valores cívicos y democráticos
• Democracia y procesos electorales
• Restablecimiento de derechos civiles y políticos en población vulnerable
• Gobernabilidad y Función Pública
• Participación Ciudadana

En marcha auditoría a salud

*Presuntas inconsistencias en el manejo de la salud pública en el Cauca son investigadas por la Contraloría Departamental.

Como preocupante calificó el Contralor Departamental, Álvaro Urbano Rojas, la situación que atraviesa la salud en el Cauca. El pronunciamiento lo hizo el abogado en el marco del debate desarrollado en la Asamblea Departamental este lunes.

Según Urbano Rojas, el manejo de la salud en el Departamento se ha caracterizado por incumplimiento de pagos, improvisación y falta de planeación, problemas que sumados a las denuncias sobre irregularidades llevaron al organismo de control a adelantar una auditoría integral de enfoque regular en la cual se han detectado algunos hallazgos que son materia de investigación.

Hasta el momento, aclaró el Contralor Departamental, los hallazgos no están en firme y en cumplimiento al debido proceso se está brindando a los implicados el derecho a la contradicción, la defensa y el respectivo aporte de pruebas.

Se informó que mediante un muestreo realizado al proceso de contratación se detectaron posibles inconsistencias al contratar los programas de prevención y promoción con fundaciones sin el debido respaldo, “se contrata con fundaciones que no dan garantías, donde no hay estabilidad”, señaló el Contralor. Agregó que en estudio de campo se identificaron otras anomalías, “hay firmas que no corresponden a las de los beneficiarios, constancias falsas y eso lleva a pensar que hay una cantidad de recursos destinados al Plan de Atención Básica que se están malversando o derrochando y eso preocupa mucho”.

Sobre la supuesta vinculación de funcionarios de la Secretaría de Salud en las fundaciones contratistas, el abogado Urbano Rojas señaló que la auditoría se está realizando a la vigencia 2007 y por lo tanto no se incluye ese aspecto, agregó que sí existirían en desarrollo procesos penales y disciplinarios en el proceso de liquidación de la antigua Dirección Departamental de Salud, sin embargo, resaltó que este tema es competencia de la Fiscalía y Procuraduría que son estas entidades las encargadas de pronunciarse sobre la existencia o no de conductas delictivas siguiendo los términos del debido proceso.

Debido a la repercusión que tienen los asuntos de salud en la población, en especial en los sectores más pobres y vulnerables, el Contralor Departamental hizo un llamado a la comunidad y a los veedores ciudadanos a que denuncien cualquier irregularidad y contribuyan así al proceso investigativo que se desarrolla. Afirmó Urbano Rojas que los resultados definitivos de la auditoría serán dados a conocer tan pronto estén en firme los hallazgos y se hayan determinado procesos de responsabilidad fiscal, así como los posibles traslados a entidades como la Procuraduría y la Fiscalía.

Alcaldes de cara al Meci

En el marco del Convenio firmado entre la Contraloría Departamental, la Organización de Estados Americanos, OEI, y los sujetos de control, se evalúa el estado de avance de la implementación del Meci en el Cauca.

A un mes de vencerse el plazo otorgado por la Ley para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, Meci, el Contralor Departamental Álvaro Urbano Rojas, se reunió con los alcaldes y representantes de entes territoriales y entidades descentralizadas para evaluar el avance del proceso en el Cauca.

Tanto para los mandatarios como para el Contralor el balance es positivo si se tiene en cuenta que por lo menos el 50 por ciento de los municipios y entidades registran un significativo desarrollo que llevaría a poder cumplir con los parámetros y el tiempo fijado para la implementación del modelo. “La intención de la Contraloría es hacerse parte de la solución y no del problema, por eso nos hemos esforzado en dar apoyo y capacitación, en apostarle a la calidad y en fortalecer los convenios y alianzas estratégicas”, señaló el abogado Urbano Rojas.

Para Miller Hurtado, Alcalde de La Sierra, el Meci ha sido un modelo importante para su municipio, “creo que debemos modernizarnos y tener todo organizado para mejorar la parte administrativa, el control, el desarrollo y la programación de los recursos como plantea el modelo. Estamos trabajando y esperamos cumplir con la implementación el 5 de diciembre”.

Por su parte Juan Manuel Jaramillo, Alcalde de Cajibío, cree que si bien el trabajo ha sido complejo sí es posible cumplir con el plazo y las especificaciones de la Ley, “es un trabajo duro pero sabemos que es un documento que nos va a regir los períodos siguientes. Lo más difícil ha sido la organización de los documentos y parámetros, pero el convenio con la Contraloría nos ha servido mucho, ha sido una orientación fundamental”, señaló.

Según informó el Contralor Departamental, aunque se hizo una solicitud de aplazamiento del plazo, fijado el 8 de diciembre, no se ha tenido respuesta y sigue siendo válida la fecha estipulada, por lo tanto se hizo el llamado para cumplir con los requerimientos y evitar sanciones que van desde los 4 millones a los 7 millones y medio de pesos.

Polémica por inversión en matadero

Mientras la Administración Municipal invierte en la adecuación del matadero, representantes de la comunidad insisten en la reubicación y piden que no se asignen más recursos a la obra.

Alrededor de 400 millones de pesos ha invertido la actual administración de Piendamó en la adecuación del matadero municipal que fue cerrado el año anterior, sin embargo, la obra ha sido cuestionada por habitantes de la localidad y representantes de las veedurías ciudadanas quienes no comparten la asignación de recursos argumentando que en unos cuantos años el matadero deberá reubicarse.

Por esta situación los veedores solicitaron la intervención de la Contraloría Departamental con el fin de fiscalizar la inversión de recursos públicos y evitar un posible detrimento.

Como respuesta a la comunidad el organismo de control inició una Auditoría Regular que incluye la línea ambiental y convocó a una reunión en la cabecera municipal para que las partes expusieran sus puntos de vista.

La discusión se centró entre las posibilidades de readecuar o reubicar el matadero, ambas sustentadas en interpretaciones de lineamientos entregados por el Invima y la CRC y marcadas por problemas sociales como el riesgo de salud de la población, el derecho al trabajo y las secuelas ambientales, entre otros.

Para Ariel Rodallega, Alcalde de Piendamó, lo que está en juego es la salud de la comunidad, “estamos cumpliendo con todos los requerimientos que nos han hecho las autoridades como el Invima y la CRC, la inversión que se está haciendo es para evitar problemas en la salud de los piendamoneños pues ahora estamos consumiendo una carne 24 horas después de matar la res y eso es un riego para los 33 mil habitantes”.

Según el Mandatario, es cierto que el matadero deberá reubicarse pero eso será a largo plazo y por ello deben solucionar los problemas que ahora aquejan a la comunidad garantizando un adecuado sacrificio de reses y porcinos. Agregó Rodallega que el cierre del matadero ha ocasionado pérdidas al municipio por el orden de los 45 millones de pesos y al Departamento por 60 millones de pesos y que además, ha afectado a por lo menos 250 familias que dependen de la actividad.

Las quejas ciudadanas

Para los representantes de la comunidad los problemas causados por el matadero giran en torno a la afectación ambiental y de salubridad, por encontrarse éste en pleno casco urbano, así como a la cuantiosa inversión que consideran se perderá al tener que reubicar la planta de sacrificio.

Según Walter Solarte, de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas en Piendamó, inicialmente la obra comenzó con 250 millones de pesos, “primero dijeron que eso alcanzaba, después hacen adición de 150 millones de pesos aprobada por el Concejo y ahora dicen que se necesitan otros 200 millones de pesos, nosotros queremos saber si vale realmente la pena sabiendo que el matadero hay que reubicarlo”. Agregó el veedor que en todo el proceso de la obra la comunidad ha sido marginada, sin derecho a participar como lo plantea la Ley.

Por su parte, Sandra González, representante del barrio El Rosario, señaló los problemas de malos olores, roedores y heces de animales en las vías que han tenido que soportar y que generan enfermedades respiratorias e infecciosas entre la población, especialmente la infantil, “lo que pedimos es que si se está adecuando una obra que nos den soluciones ambientales y de salud y que se vigile la inversión”.

Respuestas al problema

Además de la Auditoría que se desarrolla, el Contralor Departamental, Álvaro Urbano Rojas, indicó que si bien el organismo de control no puede intervenir las obras, sí analizará la inversión de los recursos y buscará la concertación entre las partes, “en este caso todos tienen razón (comunidad del barrio, veedurías, abastecedores y administración) pero hay que llegar a acuerdos programáticos de planeación (plan general, planes de acción, verificación, evaluación y ajustes) y valoración de la gestión pública”.

Los retos de la contratación

Cinco grandes ejes pueden sintetizar los cambios en la contratación estatal a raíz de la reforma a la Ley 80, según el abogado y especialista en el tema Ramiro Escandón Hernández. Para el profesional, entre otros importantes planteamientos, sobresalen la reformulación del principio de selección objetiva y del registro único de proponentes, así como la previsión de riesgos, la implementación del sistema electrónico y la proyección social de la contratación.

Escandón Hernández, quien orientó un seminario organizado por la Contraloría Departamental, señaló que actualmente la idea central de la selección objetiva es escoger mejores ofertas y no mejores proponentes, aunque los proponentes deben ser idóneos. Para garantizar esa idoneidad y la correcta selección de los oferentes se establecieron requisitos habilitantes, que son los mínimos que cualquier oferente debe tener para contratar, y los calificantes que determina la entidad para escoger la mejor propuesta.

Por su parte, con el replanteamiento del registro único de proponentes se pretende que las Cámaras de Comercio realicen un control efectivo para garantizar la idoneidad de los oferentes y evitar que las entidades públicas tengan que revisar nuevamente los requisitos de los mismos.

Destacó Escandón Hernández que ahora existe una clara indicación para que tanto las entidades como los oferentes piensen en los riesgos previsibles del contrato y dejen estipulado quién los asumirá, en caso de que ellos se presenten.

Otros punto claves de las transformaciones en la contratación estatal lo conforman la implementación de la contratación electrónica por la vía del Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, que moderniza y agiliza el proceso y los planteamientos que asumen la contratación como motor de desarrollo económico y social, dando espacio a sectores de la sociedad tradicionalmente marginados de la contratación estatal.

Problemas en la contratación

Para el abogado Escandón Hernández hay varios problemas que afectan la contratación estatal, entre ellos el desconocimiento del marco legal y de los cambios planteados en la reforma; la falta de gerencia de los procesos contractuales y la delegación en la contratación desconociendo que la Ley 80 establece que los encargados y directos responsables de la contratación son los directores y/o ordenadores del gasto.

Agregó que la contratación tiene componentes técnico, financiero y jurídico, no obstante, entre los funcionarios encargados no hay comunicación y mucho menos con quien hace las veces de revisor lo que hace confusa la labor del contratista. Según el especialista, todo se resume en la falta de planeación de los contratos, “si las entidades se documentan sobre lo que necesitan, sobre cuáles son los bienes que requieren y para qué lo requieren y hacen investigaciones y análisis de mercado habrá un buen contrato, de lo contrario no”.

Consejos de un experto

- Que el encargado de la contratación se apersone de ella. Y que si se delega se tomen medidas para verificar que el proceso se está haciendo adecuadamente.

- Que haya comunicación entre todas las personas que tienen que ver con el proceso de contratación.

- Que se deje de ver al contratista como una contraparte y que se asuma como un colaborador de la entidad.

- Que haya buena planeación de los contratos.

Contralor asistió a Congreso de Actores Sociales

Con una capacitación sobre participación ciudadana y los mecanismos que sustentan el control fiscal, social y político, el Contralor Departamental, Álvaro Urbano Rojas, se vinculó al Primer Congreso de Actores Sociales y Comunitarios para la Construcción Colectiva del Desarrollo Municipal, realizado en la cabecera municipal de Puracé.

Para Miguel Yace, Alcalde municipal, este evento que congregó durante dos días a más de 200 líderes comunitarios, promovió la integración y la capacitación de la población en pro del desarrollo de su localidad, “lo que buscamos es que la gente aprenda sobre normas y responsabilidad ciudadana, que se organice y que eso nos permita manejar adecuadamente los recursos financieros, naturales, ambientales y humanos que tenemos”.

Agregó el mandatario que el Congreso fue una herramienta para unificar las comunidades indígenas y campesinas de la región promoviendo una mejor convivencia y participación.

Otro gran objetivo del Congreso apunta a lograr de forma mancomunada la optimización de los recursos municipales y dirigirla así hacia la inversión social que se necesita. Al evento asistieron representantes de las 58 juntas de acción comunal, de los 4 cabildos indígenas, la administración municipal en pleno y la Personería, entre otros actores sociales.

¡A capacitarse en contratación!

Todo está listo para el seminario ‘Actualización reforma a la Ley 80 de 1993’ (Ley 1150 de 2007, decreto 2474 de 2008) que ha programado la Contraloría Departamental a través de su Fundación de apoyo, Fundacon, y que se realizará en Popayán la próxima semana.

El evento, dirigido a alcaldes, personeros, secretarios de planeación, jefes de oficinas jurídicas, jefes de control interno, contratistas y servidores públicos en general, se llevará a cabo los días 27 y 28 de octubre en el auditorio empresarial de la Cámara de Comercio del Cauca.

El seminario será orientado por el abogado Luis Ramiro Escandón Hernández, especialista en derecho sustancial y contencioso, en derecho constitucional y ciencia política y en derecho administrativo. Escandón Ramírez es además catedrático universitario y cuenta con una amplia experiencia laboral en el Consejo de Estado.

Entre los temas que se expondrán en el seminario se encuentran: reformulación del Registro Único de Proponentes, RUP; métodos de selección del contratista, distribución de riesgos, facultades sancionatorias de las entidades estatales en contratación, liquidación de contratos, contratación electrónica y modificaciones al régimen especial de contratación, entre otros.

Ley 550, camino para Padilla

Contraloría Departamental apoya esfuerzos para superar la inviabilidad del municipio. Reestructuración de pasivos, camino a seguir.

El Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, coincidió con el Gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, en la necesidad de encontrar salidas a la crítica situación fiscal del municipio que hoy lo tiene catalogado como ente territorial inviable.

El debate propositivo se dio en el marco del vigésimo segundo Consejo Comunitario de Gobierno realizado por la administración Departamental en esta localidad nortecaucana. Las palabras del Gobernador fueron contundentes “estoy dispuesto a sacar adelante este municipio que por sus gentes merece que todos nos esforcemos y trabajemos unidos”.

El planteamiento fue respaldado por el Contralor Departamental quien resaltó la urgencia de tomar medidas para superar el déficit fiscal, que calificó como “preocupante”.

Y es que la situación es tan compleja que la Alcaldesa de la localidad, Noralba Zapata, no vaciló al afirmar que la crisis es grande, “estamos llenos de embargos, de procesos jurídicos y sin opción de realizar inversión social”.

Según el abogado Urbano Rojas, Padilla está en ‘cuidados intensivos’ y la opción más clara sería someterse a la Ley 550, sin embargo la falta de soportes contables y financieros sería el principal escollo para concretar esa alternativa.

Ante esa situación, el Gobierno Departamental se comprometió a asesorar al municipio para que sea posible acogerse a la Ley 550, proceso que también sería apoyado por la Contraloría Departamental con capacitaciones. El planteamiento fue aceptado por la población y la Alcaldesa municipal.

Piamonte., agobiado por la corrupción y el desgreño administrativo

*Por primera vez en la historia de su vida municipal, esta localidad recibió la visita de un Contralor Departamental. Hasta allá llegó la comisión encabezada por el abogado Álvaro Urbano Rojas, comprobando el desgreño administrativo de épocas anteriores que deja como consecuencia serios problemas sociales y dificultades fiscales.

Obras inconclusas o que nunca existieron y ‘feria’ de contratos, entre muchas otras irregularidades, denunciaron los piamonenses en la histórica visita realizada por el Contralor Departamental, Álvaro Urbano Rojas, a esa localidad de la Bota Caucana.

Durante dos días el Contralor y una comisión de funcionarios se encargaron de recepcionar las denuncias y de responder a las inquietudes de la comunidad sobre malos manejos administrativos en el municipio, corrupción y detrimento del patrimonio público. También se aclararon los conceptos sobre control fiscal, control político y control social.

Para el abogado Urbano Rojas, la visita fue importante en tanto permitió entender la realidad de Piamonte, “conocimos de cerca los problemas que tiene la administración, los niveles de corrupción que se han manejado, los problemas de inconsistencias en contratación y, sobre todo, en manejo de regalías”, señaló.

Precisamente, y teniendo en cuenta que la mayor parte de las denuncias fue por mal manejo de las regalías y por anomalías en contratación, la Contraloría Departamental adelantó un proceso auditor inmediato en la localidad para concretar los hallazgos y adelantar las respectivas investigaciones, siempre garantizando los derechos de defensa y contradicción a los implicados. De los procesos de investigación fiscal que adelante el organismo de control se compulsarán copias a la Procuraduría y Fiscalía para que adelanten las respectivas investigaciones en materia disciplinaria y penal.

Frente al tema de regalías se hará el respectivo traslado de las denuncias y hallazgos a la Contraloría General de la Nación, por ser este el organismo competente en el tema.

Algunas denuncias

En la reunión con líderes comunitarios y veedores se denunciaron varios casos de irregularidades, siendo el más recurrente el del acueducto regional. Obra que, según la población, se construyó hace más o menos año y medio y que no sirvió para garantizar el suministro de agua a la localidad. De hecho, afirmaron, que la tubería no sirve y que lo único que quedó de ese trabajo fue un tanque recolector que está abandonado.

Similar situación se denunció frente a los trabajos de alcantarillado, de recolección de basuras y de construcción del matadero municipal. Incluso se reveló la existencia de un contrato para un puente veredal sobre una quebrada que se pagó pero cuya obra no existe.

Otra caso grave es el de la Casa de la Cultura, obra que se quedó sin terminar a pesar de que el contratista recibió el 50 por ciento del total de recursos pactados para la construcción. Según informó la Alcaldesa actual, Alexandra Cuéllar, este contrato fue cancelado unilateralmente y se espera una respuesta por parte de la firma aseguradora.

Visión municipal Para Alexandra Cúellar, Alcaldesa de Piamonte, el compromiso con la comunidad es manejar los recursos públicos con transparencia, por eso han denunciado las irregularidades halladas al asumir la administración. “Son 12 años de obras que no se han visto, la plata se ha gastado y las aseguradoras no han respondido porque cuando se ha denunciado ya es muy tarde”. La alcaldesa señaló que varios casos fueron puestos en conocimiento de los organismos de control y que esperan el resultado de las investigaciones. Agregó que para luchar contra la corrupción van a trabajar de mano con la comunidad implementando el presupuesto participativo y rindiendo informes públicos.

Recuperación del patrimonio público

En medio de las denuncias sobre irregularidades y desgreño de administraciones pasadas, la Contraloría informó a la población piamonense la recuperación de recursos públicos gracias a procesos adelantados por el organismo de control que están debidamente ejecutoriados y que pasan a jurisdicción coactiva para embargo y remate de bienes. Se estima que esto permitirá recuperar cerca de 240 millones de pesos para el municipio. Además están en curso otros procesos de responsabilidad fiscal que pueden ascender a la suma de 1.200 millones de pesos. Esta labor, indicó el Contralor del Departamento, permite de alguna manera resarcir las defraudaciones públicas y el detrimento patrimonial que ha sufrido esta localidad por la mala gestión de alcaldes y funcionarios públicos.

Licorera fue 'advertida' por el Contralor

Con un Control de Advertencia la Contraloría Departamental del Cauca busca que se tomen correctivos para evitar posibles detrimentos patrimoniales causados por el contrato donde se adjudica la distribución exclusiva del aguardiente caucano.

Como resultado de una auditoría especial realizada sobre el contrato 064 de 2006 suscrito entre la Industria Licorera del Cauca, ILC, y la firma T.M. S.A., el Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, emitió un ‘Control de Advertencia’ dirigido al Gerente de la factoría Marco Antonio Zúñiga Campo, “a fin de evitar riesgos que comprometan o amenacen el patrimonio público de la empresa que usted dirige, sobre el deber legal que le asiste a usted en calidad de Representante Legal de la Industria Licorera del Cauca, de tomar los correctivos necesarios”.

En el documento, de nueve páginas, se relacionan detalladamente los hechos que generaron la advertencia y que para la Contraloría significan posibilidad de riesgo de detrimento patrimonial, “hay algunas inconsistencias frente al cumplimiento del contrato, sobre los efectos jurídicos, los ajustes, otros sí y los impactos que puede generar frente a la rentabilidad del mismo proceso industrial”, señaló el abogado Urbano Rojas.

Entre los hechos que se califican como “preocupantes” está el desfase entre las unidades que se debieron vender en el año 2007 y que ascendían a 3’876.000, de las cuales solo se vendieron 2’000.077. Por esta situación, de acuerdo a la auditoría, se dejaron de recibir más de 9 mil millones de pesos, con el agravante de que en lo corrido de este año la tendencia se mantiene y al mes de junio, de 1.383.732 botellas pactadas en el contrato se facturaron 715.001 botellas lo que significa una reducción en los ingresos de la ILC de 3.142.892.633 millones de pesos. A esto se suman las pérdidas generadas por el descuento pactado en la cláusula cuarta del contrato donde, “se observa que el precio para la firma T.M S.A. a 2008 permanece por debajo del precio de almacén que a noviembre de 2006 tenia establecido la Industria Licorera, con la consecuente pérdida por los efectos inflacionarios y el propio descuento”. Según los cálculos a 2007 esto implicó “una pérdida operacional de 2.997 millones de pesos”.

Otro punto complejo es el detectado en la cláusula decimoprimera, numeral 11.4, donde se establece la obligación del contratista de destinar un porcentaje de sus recursos para inversión que no será inferior al 1.5% de sus compras liquidadas antes de impuestos y de apropiar dentro del presupuesto de la ILC el 3% para Publicidad y Mercadeo del total de las unidades vendidas por el Precio Total. De allí se deriva que “no existe equilibrio financiero en la inversión en publicidad tanto por el porcentaje como por la base de cálculo. Para el año 2007, mientras T.M. S.A. debía invertir 71.22 pesos por botella, a la Licorera le correspondía una inversión de 385.08 pesos (5.4 veces más)”.

Y aunque a juicio del Contralor Departamental, el último otro sí firmado tiene unos pequeños avances, éstos no son significativos, “creemos que esto ha generado consecuencias nefastas para las rentas del Departamento, parece que se está improvisando con el agravante de que se ha modificado un contrato a través de un otro sí y esa figura ha sido cuestionada jurídicamente, el mismo Tribunal ha dicho que las modificaciones debieron hacerse a través de un contrato adicional en tanto los cambios están comprometiendo el objeto mismo del contrato”.

Para el abogado Urbano Rojas, este Control de Advertencia deja constancia de “las improvisaciones y desaciertos en la modificación del contrato” y busca que se tomen las medidas necesarias para disminuir el impacto que puede tener sobre las rentas y la posibilidad de que se configure un detrimento patrimonial.

Meci: el plazo se agota

*Contra el reloj y enfrentando múltiples dificultades los funcionarios de las entidades territoriales del Departamento trabajan para cumplir con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno. Contraloría Departamental lidera capacitación.

El panorama regional para cumplir con el plazo estipulado por la Ley en la implementación del Meci es complicado y eso se debe a varios factores, entre ellos la ‘desatención’ de administraciones territoriales pasadas que dejaron el proceso a medias, en el mejor de los casos, porque en la mayoría ni siquiera lo iniciaron.

Para Jairo Rodríguez, funcionario de la Contraloría General de la República, y quien fue el conferencista invitado al ciclo de talleres de implementación del Meci liderado por la Contraloría Departamental, lo que sucede en el Cauca coincide de forma general con lo que está ocurriendo en otras entidades territoriales del país donde se nota un atraso en el desarrollo e implementación del Modelo.

“Aquí hay ejercicios e intentos por formalizar y establecer documentación pero el Modelo Estándar de Control Interno tiene como característica que no se queda en la documentación y va un paso más allá y en ese sentido el atraso es todavía más fuerte”, señaló Rodríguez quien, sin embargo, destacó que esto no se debe a “maldad o falta de interés” de las actuales administraciones sino a que las anteriores no lo asumieron. Esto sumado a situaciones como la necesidad de aprobar los planes de desarrollo municipales y las complicaciones de contratación en las entidades. Todo eso llevó a un desequilibrio que hoy tiene a los funcionarios trabajando ‘a marcha forzada’ para cumplir con el plazo que vence la primera semana de diciembre.

Raquel Perlaza, Jefe de Control Interno de Puerto Tejada, coincide con la visión del funcionario al manifestar que en su localidad estaban “muy quedados” en el tema y que por lo mismo existe preocupación por desarrollar a cabalidad el proceso. “Estos talleres de la Contraloría Departamental han sido para nosotros una herramienta muy importante, aquí nos han dado elementos para desarrollar cada uno de los subsistemas que debemos tener implementados a 5 de diciembre”. La funcionaria señaló que la mayor dificultad en este momento es la inexistencia de productos concretos, exigidos por el Meci como manuales de procedimientos y procesos, pero destacó que se está haciendo un trabajo muy concienzudo, “estamos comprometidos y esperamos poder cumplir con el plazo”.

Situación similar se afronta en la ESE Oriente donde el proceso está atrasado, según dijo Carlos Salazar, Auditor de esta entidad, “para nosotros es un tema nuevo y aunque se ha contratado un acompañamiento con personal de la Esap para la primera parte que es planeación e implementación de la matriz de control interno, hacer el diagnóstico y proyecciones a diciembre es complejo”.

Para Margarita del Socorro Caicedo, Jefe de Control Interno del Hospital nivel uno de El Bordo, efectivamente el tiempo es muy corto para cumplir con todo y a esto se suman otros inconvenientes como la falta de compromiso de algunas personas, “hay dificultades en la aceptación de la gente, no lo toman muy en serio, aunque esperamos que ahora las cosas cambien ya que tenemos herramientas prácticas como resultado de estos talleres. Sabemos que es necesario generar más desde la parte administrativa, que cada jefe de área se comprometa, ese sería el éxito porque este es un proceso contínuo que no termina en diciembre”.

Un mejor panorama se registra en San Sebastián, donde el administrador público encargado de Control Interno y Gestión de la Calidad, Einer Coyo Campo, afirma que el proceso va avanzado en un 70 por ciento, “en este momento estamos trabajando las políticas de administración del riesgo, hemos designado todos los jueves para trabajar el Meci y allí contamos con la presencia de todos los funcionarios. Creemos que nuestra principal fortaleza es el compromiso de todo el nivel directivo y el personal en general del municipio, aunque la debilidad es la premura del tiempo para implementar el sistema”.

Superar estas y otras dificultades y apoyar a las entidades para lograr cumplir con el Meci es el gran objetivo de los talleres que se desarrollan en Popayán por iniciativa de la Contraloría Departamental y que vienen ejecutándose cada quince días. Estos talleres, según informó el Contralor, Álvaro Urbano Rojas, continuarán bajo la modalidad participativa para ‘aprender haciendo’. Aunque se tenía planeado realizar eventos zonales en cuatro puntos de la geografía caucana, por decisión de los participantes se continuará con los encuentros generales en la capital caucana donde se han reunido, en promedio por sesión, 60 representantes de las diferentes entidades del Departamento.

Visite nuestra web: www.contraloriacauca.gov.co

Rosas lucha por quitarse 'las espinas'

*El Contralor del Departamento advirtió sobre el riesgo de inviabilidad de este ente territorial por sus altos pasivos y las defraudaciones millonarias en administraciones anteriores. Se planteó unión para ‘salvar’ al municipio.

La difícil situación fiscal del municipio de Rosas, cuyo pasivo supera los 13 mil millones de pesos, los problemas de corrupción constantes y las ‘tensiones’ entre el Concejo y el Alcalde llevaron al Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, a promover una reunión entre las partes y plantear acuerdos para recuperar la viabilidad del ente territorial. El encuentro, al que asistieron ocho concejales, el Alcalde, un equipo de la Contraloría Departamental y algunos representantes de la comunidad, dejó un balance positivo en tanto las partes se comprometieron a trabajar unidas por el bienestar y progreso de la comunidad.

Para el abogado Urbano Rojas, la concertación fue la gran conclusión de la reunión y la voluntad de trabajar mancomunadamente para recuperar la viabilidad del municipio, “lo que se hizo fue una especie de ‘pacto a favor de la transparencia en la gestión pública’ con el apoyo de la Contraloría en todo el proceso. Rosas ha estado muy golpeado por la corrupción, el desgreño administrativo, la improvisación en la gestión pública pero ahora el ambiente que dejamos es favorable”.

El Contralor del Departamento señaló que por iniciativa del organismo de control se hará un acta de esta reunión donde queden compromisos claros que puedan ser evaluados. En ese sentido, la Contraloría se comprometió a asesorar, acompañar y capacitar a los concejales con el objetivo de optimizar el control político y social, así como de seguir vigilante y actuando de forma oportuna en el control fiscal.

Para Azael Muñoz, Presidente del Concejo, se pudo aclarar que no es cierto que los concejales estén siendo un obstáculo para la Alcaldía como se ha dicho en algunos medios de comunicación, “esperamos que estos diálogos se den más constantemente y que los acuerdos los cumplamos. Como concejales nos comprometemos a apoyar y darle herramientas al Alcalde cuando los proyectos sean para el bienestar común pero también a poner las quejas cuando los funcionarios y el alcalde no le estén respondiendo a la comunidad”.

Por su parte, Roberto José Díaz, Alcalde municipal, definió la visita de la Contraloría como “histórica” y señaló que esa actitud de acompañamiento dejó como resultado la claridad sobre la necesidad de aunar esfuerzos para sacar adelante el municipio, “ahora la relación con el Concejo toma un viraje en el sentido de evitar desinformaciones entre las partes, los concejales han demostrado una gran voluntad de trabajar de la mano con la administración para fortalecer el desarrollo institucional”.

Agregó el mandatario que su compromiso y voluntad administrativa es total para poner en marcha todos los planes de mejoramiento y acción en aras del saneamiento fiscal y para la gestión ante organismos nacionales e internacionales que permita conseguir más recursos para mejorar la calidad de vida de los roseños.

Siguen denuncias
Como es de conocimiento público existen serias denuncias sobre manejos irregulares en anteriores administraciones en Rosas que incluso llevaron a la cárcel al ex tesorero municipal y que tienen en procesos judiciales al ex alcalde, Francisco Rivera. Y efectivamente, las denuncias no han cesado pues a la Contraloría llegaron nuevas quejas, en esta ocasión frente al suministro de combustible sin ningún respaldo contractual y sin ninguna claridad contable. La denuncia, sobre la irregularidad en la anterior administración ya está en investigación, según informó el Contralor Departamental.

Sobre estos casos de anomalías el señor César Díaz Mondragón, copropietario y representante legal de Cootransrosas, señaló que actualmente está ampliando la denuncia penal que instauró el año anterior por la existencia de cheques girados por la pasada administración a su empresa y que nunca ingresaron, aunque sí fueron cobrados. “Como resultado de una auditoría de la Contraloría en el año 2007 se encontraron unos cheques girados a la empresa y tras investigar con el banco se constató el cobro de los cheques pero éstos nunca llegaron a la empresa”. Agregó que la misma modalidad se comprobó también con cheques girados al Servicentro El Céfiro y que el monto de todos estos cheques supera los 70 millones de pesos.

La Contraloría se 'descentraliza'

*El Contralor del Departamento, en compañía de funcionarios del organismo de control, se desplaza a los municipios caucanos para capacitar en control fiscal y político y para recibir denuncias ciudadanas sobre irregularidades y posibles malos manejos de los recursos públicos.

Hasta el municipio de La Sierra llegó el Contralor Departamental, Álvaro Urbano Rojas, acompañado por tres funcionarios del órgano de control para realizar una capacitación a concejales de esa localidad del Macizo Colombiano.
En una jornada de aproximadamente cuatro horas el abogado Urbano Rojas y su equipo explicaron a los concejales de la localidad la misión y las funciones de la Contraloría Departamental generando un espacio de reflexión sobre el ejercicio del control fiscal en Colombia y el Cauca, e incluso hablando de su necesaria reformulación ante la inminente presentación de un proyecto de ley en ese sentido.

Temas como el control fiscal, las auditorías con enfoque integral, la gestión fiscal, la evaluación de proyectos sociales, el sistema de control interno y el sistema de gestión de calidad, entre otros, fueron objeto de análisis durante la jornada.

A cargo de la doctora Nubia Ordóñez de la sección de Control Fiscal de la Contraloría Departamental, estuvo la sesión sobre las diferentes clases de control (fiscal, disciplinario, interno, político, social, etc) y las entidades encargadas de supervisarlos (Contraloría, Procuraduría, etc).
Para José Nolman Córdoba Hernández, Presidente del Concejo Municipal de La Sierra, es de gran importancia que los entes de control hagan presencia en su municipio, “nosotros los concejales no tenemos acceso a capacitaciones, por eso es fundamental que lleguen hasta acá y podamos aclarar dudas sobre nuestra función y las formas de ejercer el control político a favor de la comunidad”.

Según comentaron los miembros de la Corporación Municipal, durante los primeros meses de su trabajo se han presentado serios inconvenientes en su labor por la dificultad que han tenido para acceder a información de la Administración municipal, a pesar de haber requerido por escrito en varias ocasiones a la entidad, por eso enfatizaron en conocer los medios que tienen para exigir los documentos necesarios que les permitan desarrollar adecuadamente su función en beneficio de la comunidad en general.

Córdoba Hernández señaló que el objetivo no es entorpecer la labor del Alcalde pero tampoco incumplir la misión para la cual fueron elegidos en votación popular. Añadió que bajo este concepto y con la orientación de los organismos de control como la Contraloría, seguirán trabajando por el bien de todos los serranos.

Durante la visita a la localidad dos funcionarios de auditoría de la Contraloría recibieron denuncias sobre supuestas anomalías en algunas secciones de la administración municipal, así como en el Hospital local y en algunos proyectos de vivienda actualmente ofertados en el ente territorial. Las quejas serán investigadas por el organismo de control que continuará desplazándose a los municipios caucanos.

No hay enfrentamiento entre la Contraloría y la Secretaría de Hacienda

*Por convocatoria de los diputados del Departamento, el Contralor y el Secretario de Hacienda del Cauca expusieron sus puntos de vista sobre la problemática del pago de impuesto de licores en la región.

En una reunión informal convocada por el diputado Guido Garzón y a la que asistieron ocho representantes de esta Corporación, se debatió el tema de la posible evasión que podría estarse registrando en el Cauca por concepto de pago de impuestos por licores.

El encuentro que no fue una sesión de la Duma, se dio en aras del control político que ejercen los diputados y también, en parte, por la aparente polémica protagonizada por el Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, y el Secretario de Hacienda Departamental, Harold Casas, quienes expusieron en su momento diferentes puntos de vista sobre el tema.
Sin embargo, la gran conclusión de la reunión fue que no existe un enfrentamiento ni entre las entidades ni mucho menos entre quienes la representan actualmente.

En el informe presentado a los diputados el Contralor Departamental afirmó que existen indicios que llevan a cuestionar el manejo que se le está dando a las estampillas en el Cauca. En este sentido señaló que hay un hecho concreto como la pérdida de más de 12 mil estampillas que nadie sabe dónde están, y a eso se suma la duda jurídica sobre la legalidad de la habilitación de estampillas que se está realizando recurrentemente.

Agregó que hay “actos sospechosos” como la pérdida de recibos que serían claves para controlar el pago de impuestos y por los que nadie responde.
Por eso, el abogado Álvaro Urbano Rojas enfatizó en que fueron estos hallazgos, entre otros, los que llevaron a iniciar una investigación que está en curso pero aclaró que hasta el momento no se han hecho señalamientos, ni se han determinado responsables. Es más, agregó que lo ideal sería que no existiera detrimento patrimonial ni procedimientos irregulares pero en cumplimiento de su función es su deber cuestionar e indagar.

Por su parte Harold Casas, señaló que la supuesta polémica pudo haberse dado por “una probabilidad de error en la interpretación” de los hallazgos presentados, pero fue enfático al afirmar que el impuesto por licores se paga directamente en la fuente y que en ese sentido no puede hablarse de evasión. No obstante añadió que sí existen inconvenientes en el manejo de las estampillas que están buscando solucionar desde la Unidad de Rentas y que también analizan la legalidad de los procesos de habilitación de estampillas a la luz de nuevas normas vigentes.

Los diputados que escucharon atentamente a las partes pidieron que sigan las investigaciones y que se den a conocer los resultados y los responsables, en caso de que existan. También convocaron a las dos entidades para que estén atentos a las situaciones irregulares y para que controlen el pago de impuestos por licores en tanto este es un rubro de gran importancia para el Departamento.

Al finalizar la reunión, tanto el Contralor como el Secretario de Hacienda afirmaron que las entidades salen fortalecidas de este encuentro y dispuestas a seguir trabajando conjuntamente.

A cumplir con el control interno

Hasta el 7 de diciembre hay plazo para que los municipios y entidades implementen el sistema de Modelo Estándar de Control Interno, Meci Contraloría Departamental del Cauca en convenio con la Dirección Nacional de Planeación, DNP, y el Segundo Laboratorio de Paz, promueve capacitación.

Ante el plazo perentorio de cumplir con lo dispuesto en la Ley y tener para la primera semana de diciembre implementado el Modelo Estándar de Control Interno, Meci, se desarrolla un Seminario taller con la participación de representantes de los entes territoriales y entidades sujetas a control.

Según explicó el Contralor Departamental, Álvaro Urbano Rojas, el Meci es una herramienta gerencial clave para las administraciones en tanto abarca tres ejes como son planeación, cumplimiento misional y evaluación. Todos aspectos fundamentales para que los entes territoriales se fortalezcan, “la idea es que las entidades y municipios improvisen menos, cumplan con los fines esenciales del Estado, es decir, con las políticas de gestión en educación, salud, saneamiento, etc, y fijen procesos y procedimientos para hacer ajustes y para desempeñarse de manera adecuada , oportuna y eficiente”.
Agregó el Contralor que el Cauca es privilegiado en el concierto nacional ya que se cuenta con el acompañamiento de una entidad internacional como la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, que va a capacitar en diferentes áreas de la gobernabilidad, así como con el apoyo de la oficina de planeación departamental, el Departamento Nacional de Planeación y, por supuesto, la Contraloría Departamental. Por eso, el abogado Urbano Rojas, resaltó que si con todos estos recursos y respaldo no se implementa el Meci sería más por negligencia que por otra cosa y quienes no lo hagan se harán acreedores a las sanciones que estipula la Ley.

El Seminario Taller cuenta con la orientación de los profesionales Gustavo Olaya y César López, pertenecientes al proyecto ‘Laboratorio de Desarrollo Institucional y Gobernabilidad Pública Territorial, LDlyGPT-DNP’.

OEI estará en municipios caucanos

*En cinco líneas fundamentales de gobernabilidad recibirán asesoría los funcionarios de los municipios caucanos gracias al convenio existente entre el organismo internacional y la Contraloría Departamental.

Para Ángel Martín Peccis, Director en Colombia de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, es claro que los funcionarios públicos, en especial de las zonas rurales, necesitan mucho apoyo y por eso se firmó el convenio mediante el cual se dará formación en temas fundamentales de gobernabilidad en los municipios.

“Entendemos que el organismo internacional no sólo tiene que estar en Bogotá sino que necesitamos trabajar en campo que es donde están las necesidades. Tenemos que entender que ser alcalde o concejal no es cualquier cosa, implica el manejo presupuestal en bien de la comunidad y si no se hace bien esta gestión los servicios esenciales para la comunidad no llegan”, afirmó el Director de la OEI.
Explicó Martín Peccis que la OEI enviará a profesionales altamente calificados a cada uno de los municipios que hacen parte del convenio firmado con la Contraloría y que la formación se dará en cinco líneas que son: Planeación de política pública; contratación pública; manejo presupuestal y rendición de cuentas; participación ciudadana y ética pública. “Sabemos que no todo el mundo se confunde por mala intención, muchas veces los errores en la gestión pública se producen por falta de experiencia o porque no existe la formación adecuada y por lo tanto nosotros queremos ayudar a estos funcionarios que quieren aportar a su comunidad pero requieren acompañamiento”, señaló el alto directivo del organismo internacional.

Investigación sigue su curso

*Frente a las inquietudes del Secretario de Hacienda del Departamento, Harold Casas, el Contralor del Cauca señaló que, tal como se informó previamente, las anomalías detectadas en el estampillado de licores corresponden a un hallazgo que está en investigación.

El Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, le salió al paso a las declaraciones del Secretario de Hacienda Departamental que desmintió ante algunos medios un comunicado emitido por el organismo de control. Según el abogado Urbano Rojas, la preocupación del funcionario radica en el presunto señalamiento a la Unidad de Rentas ante un supuesto problema de evasión en el pago de impuestos por licores.

Aclaró el Contralor Departamental que la lectura objetiva y seria del comunicado muestra que nunca se señalaron ‘responsables’ y que lo que se dio a conocer a la opinión pública fueron los hallazgos que originan o motivan una investigación, “son hallazgos e indicios muy serios que evidenciaron unas irregularidades en el manejo de las estampillas pero hasta tanto no se termine la investigación fiscal no podemos hablar de responsables. No estamos hablando de responsabilidades, no hemos determinado montos de detrimento patrimonial porque eso está en proceso de investigación”.

Añadió que es importante tener en cuenta que el operativo para detectar irregularidades en el manejo de las estampillas se hizo como respuesta a una queja proferida por un funcionario de la Unidad de Rentas y en claro cumplimiento de las funciones de la Contraloría, “la intención es trabajar conjuntamente con la Gobernación, la Dian, la misma oficina de rentas, no busco protagonismo ni generar polémica sino aunar esfuerzos para que se fortalezcan las rentas del Departamento y se inviertan en lo que debe ser: en los fines esenciales del Estado”.

Así el Contralor Departamental dio por terminada la polémica y señaló que el mejor reconocimiento que puede tener la Contraloría es el estar salvaguardando las rentas, el patrimonio del Departamento y el interés y bienestar de todos los caucanos.

Por ahora la investigación sigue el curso y se espera el informe del proceso auditor que dará los fundamentos soportes para la apertura o no, del correspondiente proceso fiscal. Ese documento estaría presentándose al terminar esta semana o a más tardar en la próxima.

Presuntas irregularidades en pago de impuestos de licores

En operativo realizado en conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera de la Dian y con el acompañamiento de funcionarios de la Unidad de Rentas, la Contraloría Departamental detectó serias anomalías que significarían millonarias pérdidas para el Cauca.

Una serie de operativos realizados en aproximadamente doce establecimientos comerciales de la ciudad permitió establecer la evasión en el pago de impuestos que estarían realizando las grandes firmas distribuidoras de licores en el Cauca.

Según informó Miguel Armando Velasco Gómez, Director Técnico de Gestión y Resultados de la Contraloría Departamental, en las visitas realizadas a los pequeños distribuidores se encontró licor nacional y extranjero con graves inconsistencias en el estampillado, siendo la más frecuente y lesiva la modalidad de estampillar botellas de 750 centímetros cúbicos (popularmente conocidas como litro) con las correspondientes a botellas de 375 centímetros cúbicos (botella de media).
Esto significaría una evasión del 50 por ciento del valor del impuesto, lo que a su vez podría indicar una defraudación de miles de millones de pesos para el Departamento. El hallazgo que sería ‘la punta del iceberg’ llevó a detectar algunos proveedores donde efectivamente se comprobó la irregularidad, “en un solo sitio encontramos 28 cajas de litro y 21 de media de Ron Viejo de Caldas estampillado de la misma forma que en los locales minoristas”, indicó el funcionario del ente de control.

Velasco Gómez agregó que los encargados de estos sitios manifestaron que de existir inconvenientes en el estampillado sería responsabilidad de las empresas distribuidoras, en este caso de Ron Viejo de Caldas, ya que ellos entregan el licor estampillado y listo para la venta.

Pero además del Ron, se encontraron botellas de whisky y piña colada en las mismas condiciones, e incluso otras existencias de ron con estampillas correspondientes a vinos nacionales que por su contenido de alcohol pagan menos tributos, así como cigarrillos con estampillas de rentas del departamento de Nariño.

Se informó que estos hallazgos son una muestra suficiente para iniciar procesos de responsabilidad fiscal ya que las rentas del Departamento se están viendo afectadas, así como los ingresos de la Industria Licorera del Cauca y la salud de los caucanos, rubro a donde deben destinarse esos recursos que se están evadiendo.

Para completar el problema, las estampillas utilizadas en este procedimiento irregular estarían ‘habilitadas’ por la Unidad de Rentas. Así lo indicó el Director Técnico de Gestión y Resultados de la Contraloría Departamental quien dijo haber sido informado de ello, extraoficialmente, por miembros de esta dependencia del Departamento.

Esto significaría que a través de un acto administrativo se habilitaron esas estampillas para ser utilizadas en botellas de litro a pesar de corresponder a botellas de media, en una situación que genera muchas dudas. “Obviamente ese es un procedimiento inadecuado de parte de la Unidad de Rentas porque es como abrirle la puerta a los distribuidores para que utilicen ese mecanismo para evadir impuestos, eso es una incongruencia grave y como somos vigilantes de esa Unidad, además del proceso de responsabilidad fiscal vamos a hacer un control de advertencia al respecto porque por allí se están afectando las finanzas del Departamento”, señaló el funcionario Miguel Armando Velasco Gómez.

Aunque todavía la pérdida no se puede cuantificar, para el ente de control liderado por el abogado Álvaro Urbano Rojas, es clara la defraudación y la evasión con la cual pierde el Departamento y ‘ganan’ los evasores.

Contralor motiva Pacto por la Transparencia

En su discurso con motivo del Día de los periodistas y comunicadores sociales, el Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, invitó a este gremio a realizar un pacto por la transparencia y luchar así por contrarrestar la corrupción en el Cauca.

" Es lamentable que en nuestro departamento la comunidad esté de espaldas al manejo de la cosa pública y es hora de despertar la conciencia de los actores sociales para ejercer un control social efectivo. Tarea que puede ser liderada desde los medios de comunicación y para ello aprovecho este homenaje para invitarlos a suscribir un pacto en pro de la trasparencia pública. Hacer frente común contra la corrupción, invitar a la denuncia pública y generar en sus lectores, oyentes, televidentes, fuentes de información y destinatarios de sus trabajos, la cultura del control social para exigir de los gestores fiscales el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Ustedes señores periodistas constituyen el liderazgo que Colombia necesita para involucrar la participación comunitaria en el control de la gestión pública. Desde la Contraloría Departamental del Cauca, con la Unidad de Reacción Inmediata a La Queja estaremos prestos para de su mano emprender una campaña triunfadora en contra el despilfarro y la corrupción".

Contraloría celebró el Día del Periodista

La Contraloría Departamental del Cauca, en cabeza del abogado Álvaro Urbano Rojas, realizó un homenaje para los periodistas y comunicadores sociales en su día. El Contralor resaltó la importancia social de esta profesión y aprovechó para convocar a los representantes de los medios de la región para hacer un 'Pacto por la Transparencia' y luchar unidos por contrarrestar la corrupción en la región.

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Contraloría rematará bienes

*Entidad busca recuperar recursos públicos perdidos.

A más de 4 mil millones de pesos asciende la cifra por defraudaciones públicas en el Departamento, según reporte de los Procesos de Responsabilidad Fiscal que maneja la Contraloría del Cauca.

Esta situación ha llevado a que el Contralor Departamental, Álvaro Urbano Rojas, tome la decisión de rematar más de 23 bienes que en este momento tiene embargados el Organismo de Control, buscando así recuperar en parte los recursos perdidos.

Según informó el abogado Urbano Rojas, actualmente están cursando en responsabilidad fiscal 142 procesos de los cuales 29 tienen medidas cautelares de embargo o remanentes y se adelantan 102 procesos ejecutivos derivados de resoluciones sancionatorias, 48 de ellos cuentan con medidas cautelares de embargo o remanentes.

Entre los responsables fiscales que le adeudan al Cauca están ex alcaldes de Cajibío, Buenos Aires, Caloto, Guapi, La Vega, López de Micay, Miranda, El Patía, Morales, Padilla, Piamonte, Rosas, Timbiquí y Timbío. Hay casos en el que sólo uno de estos ex mandatarios es responsable por una defraudación de más de mil millones de pesos.

La intención entonces, tras agotar los términos de Ley, es “recuperar los dineros que están a cargo de estos gestores fiscales”, señaló el Contralor quien expresó, a su vez, la preocupación por esta situación que se ha vuelto recurrente en el Departamento. Agregó que el Organismo que dirige ha constatado que muchos de los responsables fiscales legalmente ‘no tienen con qué pagar’, simplemente porque cuando son elegidos por voto popular para las alcaldías ponen sus bienes a nombre de terceras personas, así al resultar responsables en procesos fiscales, evaden el pago.

El remate de los bienes, que se realizaría al terminar este mes o a comienzos del próximo, pretende recuperar algo de esos recursos para disminuir la defraudación que afecta a todos los caucanos.

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Contraloría pide suspensión de funcionarios

* Funcionarios de la Administración Departamental están siendo investigados disciplinaria y administrativamente.

Dos funcionarios del Gobierno Departamental deberán ser suspendidos de sus cargos ante la solicitud expresa realizada por el Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas. Según el representante del organismo de control, dentro del proceso auditor liderado por la entidad se encontraron inconvenientes en el suministro de información y se detectó la existencia de dos funcionarios involucrados con procesos de investigación disciplinaria y administrativa, lo que entorpecía las labores de auditoría.

Agregó el abogado Urbano Rojas, que tuvo que acudir directamente al jefe de la Oficina de Rentas del Departamento para pedir los datos requeridos dentro del proceso auditor y que ante estos ‘obstáculos’ y teniendo en cuenta que la Ley estipula que a juicio del Contralor, y si existen funcionarios incursos en procesos administrativos y disciplinarios, es posible pedir la suspensión de los mismos.

La medida se sustenta en los artículos 268 -numeral 8- y 172 de la Constitución Nacional donde los contralores acudiendo al principio de la ‘verdad sabida y la buena fe guardada’ pueden pedir la suspensión inmediata de funcionarios vinculados en procesos investigativos, por eso, mediante comunicación escrita al señor Gobernador se hizo la solicitud formal.

Según se informó, los dos funcionarios involucrados en procesos disciplinarios y administrativos habían sido destituidos pero por vicios de forma se cayó el acto administrativo lo que llevó a su reintegro.

El Contralor señaló que los funcionarios están siendo investigados por el presunto detrimento frente al impuesto de timbre, conocido popularmente como ‘de notarías’, que debe cancelar toda persona que diligencia transacciones en materia de bienes inmuebles ante la Administración Departamental. La suspensión, dijo Urbano Rojas, es una medida responsable para garantizar la transparencia en los procesos auditores e investigativos.

Aclaró el Contralor Departamental que la suspensión no atenta contra la presunción de inocencia y buena fe que cobija a los funcionarios del Departamento y que la medida tendrá vigencia mientras se adelanta la investigación. Si las personas investigadas son exoneradas de cargos deberán ser reintegradas y recibirán los salarios dejados de percibir, en caso contrario, deben asumir todas las consecuencias legales de sus actos.

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Seis meses en defensa de lo público

* El Contralor del Departamento hizo un balance de su gestión, “con ganas, entusiasmo y compromiso hemos logrado resultados”.

El escollo más grande en los primeros seis meses de gestión del Contralor Departamental, Álvaro Urbano Rojas, ha sido la difícil situación presupuestal del organismo de control. De hecho, una de sus primeras actuaciones estuvo encaminada en dar a conocer la falta de recursos para el funcionamiento de la entidad, fundamentalmente por el incumplimiento en la asignación de la cuota de fiscalización estipulada en las leyes 617 de 2000 y 1151 de 2007.

Según informó el Contralor, por esta situación la entidad ha dejado de recibir recursos por el orden de los 800 millones de pesos de 2005 a 2007 y al terminar el 2008 significaría un ‘déficit’ de más de 300 millones de pesos. Ante esto el abogado Urbano Rojas sigue insistiendo frente al Gobierno Departamental en el cumplimiento de las leyes vigentes que pactan la asignación del 3.7% de las rentas para el funcionamiento de la entidad.

Sin embargo, esta falta de recursos no ha sido excusa para no cumplir con la misión institucional, ni mucho menos para quedarse de brazos cruzados. Como dice el Contralor Departamental, “el éxito está en optimizar recursos y con poco hacer mucho. Todos los funcionarios nos hemos puesto la camiseta y con confianza, trabajo y actitud positiva los resultados se están viendo”.

Estos resultados abarcan muchos aspectos: desde la aprobación del Plan Estratégico de la Contraloría hasta la consolidación de un convenio de cooperación internacional con la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, pasando por aspectos menos complejos pero igual de importantes como las capacitaciones internas y externas en temas como contratación y archivística, así como el fortalecimiento de los procesos auditores.

Logros clave
*Rendición Electrónica de Cuentas: la implementación de este proceso, por primera vez, no fue fácil y generó traumatismos a pesar de la capacitación adelantada. Sin embargo, esta Rendición permitió conocer la situación fiscal y administrativa de los entes territoriales, de las ESEs y demás organismos sujetos de control. Este proceso enfocado en la optimización del recurso público permitió ‘diagnosticar’ irregularidades y adelantar, en consecuencia, investigaciones.
Como hubo incumplimientos, diligenciamientos incorrectos y parciales, se seguirá con el proceso de orientación y formación para lograr la consolidación del proceso.

*Controles de Advertencia: Esta herramienta, planteada por la Ley, le permitió al Contralor Departamental, hacer control anterior y preventivo en situaciones complejas como el contrato de comercialización del aguardiente Caucano -velando así por los ingresos de la región y el patrimonio público-, así como en el caso de riesgo en el que se encuentran más de mil estudiantes ubicados en la ribera del Río Páez. Según constató el abogado Urbano Rojas, la población estudiantil tiene expuesta su vida e integridad por lo cual pidió medidas inmediatas para su reubicación. Estos ‘Controles de Advertencia’ han tenido eco en los gobiernos departamental y Nacional que han estipulado acciones correctivas.

*Convenio OEI: Por gestión del Contralor se logró la firma de un convenio con este organismo internacional para la ejecución de dos programas del ente de control: ‘Pedagogía Fiscal para la Democratización del Control Público’ y ‘Contralores Estudiantiles’. El acuerdo garantiza la plataforma tecnológica adecuada para la Rendición Electrónica de Cuentas de todos los entes territoriales del Cauca, la capacitación en modernización del Estado y gestión pública en cumplimiento a la norma NTCGP1000 y la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para entidades del Estado, Meci. Además fortalece la labor pedagógica con la vinculación de los estudiantes de colegios públicos en los procesos de veeduría y control fiscal.

*Creación URI de control social: Esta Unidad de Reacción Inmediata de Control Social, integrada por todos los entes de control del Departamento que tienen funciones de Policía Judicial, tiene como objetivo responder oportunamente a las denuncias ciudadanas buscando agilizar los procesos disciplinarios, fiscales o penales, sin dilatar o ignorar las quejas ciudadanas.

Padilla podría desaparecer como municipio

* El Contralor del Departamento afirmó que el municipio no es viable fiscalmente y que tendría que liquidarse o fusionarse.

Una grave situación fiscal atraviesa el municipio de Padilla lo que podría llevar a la liquidación o fusión de la localidad nortecaucana. Según informó el Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, tras realizar una Auditoría Regular con Enfoque Integral se determinaron varias anomalías en la Rendición Electrónica de Cuentas como datos inconsistentes, formularios incompletos, mal diligenciados y falta de soportes.

Esta situación irregular llevó a que el organismo de control realizara una visita especial, efectuada la semana anterior, en la que los funcionarios auditores Omar Gustavo González Sarria y Luciano Benavides Álvarez, pudieron constatar que los pasivos municipales superan los 4 mil millones de pesos.

Para el Contralor Departamental, es claro que Padilla no cumple con los parámetros de la Ley 617 de 2000, “esta situación viene presentándose recurrentemente: en el 2005, 2006 y 2007, y yo creo que ya tocó fondo”. Agregó el abogado Urbano Rojas que el informe y la visita de auditoría pusieron en evidencia hechos de suma gravedad como que el municipio no cuenta con Plan Estratégico ni planes de acción a pesar de tener aprobado el Plan de Desarrollo, es decir que no tienen las herramientas para ejecutar el Plan ni recursos para el mismo. Tampoco existe un plan mensual de caja elaborado en forma técnica ni hay seguimiento o evaluación al proceso de recaudo y ejecución del gasto. De igual manera no se han establecido indicadores que permitan medir los resultados de la gestión administrativa, no hay políticas de manejo de pasivos y no se han cumplido los Planes de Mejoramiento suscritos por el municipio como resultado de ejercicios auditores anteriores.

Para completar, el municipio no tiene identificados los bienes muebles e inmuebles que posee, no se ha inscrito en el sistema de contratación pública, no tiene plenamente definido el Banco de Programas y Proyectos y en la vigencia de 2008 el tesorero firma el presupuesto como tesorero y jefe de presupuesto, viciando el proceso de control presupuestal y de tesorería.

Por esta situación y tal como lo dispone la Ley, el Contralor Departamental deberá certificar que Padilla no es viable lo que implicaría que el municipio se liquide o fusione, es decir, que pase a ser corregimiento de una localidad vecina. Sin embargo, aún se buscan medidas para evitar que el Cauca pierda uno de sus municipios. Ya se pasó el debido informe al Gobernador del Departamento y para mañana, 22 de julio, se tiene prevista una nueva reunión con la alcaldesa de Padilla y concejales de esa localidad en busca de otras opciones.

Lo cierto es que ya se iniciaron procesos para determinar las responsabilidades (fiscales, penales, etc.) a que haya lugar, aunque esto no solucione el problema municipal, “lamentablemente la más perjudicada es la comunidad por la malversación de fondos y el desgreño administrativo” recalcó el Contralor del Departamento, quien agregó que el caso de Padilla no es el único en la región y que hay dos o tres localidades con situaciones similares y de las cuales se conocerán pronto los resultados de los procesos auditores.

Informe de gestión

El Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, dará a conocer la próxima semana el informe de gestión de sus primeros seis meses al frente del organismo de control.

Temas y actividades clave se han desarrollado en el marco de su Plan de Desarrollo 'Pedagogía Fiscal para la Democratización del Control Público'. Se destaca el convenio de cooperación internacional con la OEI; el énfasis de trabajo en la implementación de la rendición electrónica de cuentas; la creación de la Unidad de Reacción Inmediata de Control Social; los controles previos como el realizado en Páez por el riesgo de los estudiantes y el énfasis en la lucha contra toda forma de corrupción, entre otros.

Todo listo para firma de convenio

Aprobados los proyectos ‘Pedagogía Fiscal para la Democratización del Control Público’ y ‘Contralores Estudiantiles’

A través de una carta dirigida al Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, la Organización de Estados Iberoamericanos representada por su Director en Colombia, Ángel Martín Peccis, aceptó la participación en dos proyectos claves del ente de control: ‘Pedagogía Fiscal para la Democratización del Control Público’ y ‘Contralores Estudiantiles’.

El documento oficial, que fue entregado al Contralor Departamental en Bogotá, es el paso previo para la oficialización del Convenio que quedaría en firme al finalizar esta semana o a comienzos de la próxima. Según indicó el abogado Urbano Rojas, ya se dejó la minuta del Convenio que pasará a revisión de los abogados de la OEI y que será remitida para la consideración final por parte de la Contraloría Departamental y la firma correspondiente que oficializará el acuerdo de cooperación internacional.

Este Convenio garantizará en su primer componente la plataforma tecnológica adecuada para todos los entes territoriales del Cauca, además de la capacitación en modernización del Estado y gestión pública para dar cumplimiento a la norma NTCGP1000 y a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para entidades del Estado, Meci.

“La pedagogía fiscal y la plataforma tecnológica son claves como mecanismo de control, la idea es cualquier ciudadano pueda acceder por Internet a los municipios y ver todo lo relacionado con contratación, presupuestos, convocatorias, qué está haciendo el alcalde, etc. Es entrar a la globalización para facilitar el control político, social y fiscal, así habrá mayor transparencia”, señaló el Contralor Departamental.

El segundo eje del Convenio es el programa de Contralores Estudiantiles que será ejecutado a través de Corpoandes y que consiste en el diseño e implementación del proceso de información y elección del contralor estudiantil de colegios oficiales en Popayán y tres municipios aledaños, aún sin determinar. El objetivo central es que este sea un mecanismo de participación ciudadana en el ejercicio del control social y estímulo a una cultura ciudadana del control.

Para el Contralor Departamental, Álvaro Urbano Rojas, este programa es fundamental en tanto propende por el control público en la población juvenil. Según explicó, el proyecto se ha desarrollado con gran éxito en Bogotá y el resultado del mismo se evidencia en más de 75 investigaciones disciplinarias realizadas en entidades educativas y en la destitución por parte de la Procuraduría de 4 rectores por el mal manejo de los recursos públicos, todo gracias a las denuncias y veedurías realizadas por los contralores estudiantiles.

Detalles del Convenio
El Convenio está diseñado para 4 años y la idea es que pueda ser un proceso sostenible. Para su ejecución se requiere una partida por parte de los entes territoriales pactada así: 100 millones de pesos de la Gobernación del Cauca; 20 millones de pesos de la Alcaldía de Popayán; 5 millones de pesos de la Administración Municipal de Santander de Quilichao y tres millones de pesos para los demás entes territoriales del Departamento. Se estima que se reunirían unos 450 millones de pesos, contando también con el aporte de las ESE y otros sujetos de control.

Una vez esté lista la partida, la OEI desembolsaría la contrapartida por el mismo valor para comenzar la ejecución del Convenio. Según informó el Contralor del Departamento, los convenios con los alcaldes ya están firmados todos con su respectiva reserva presupuestal y se están haciendo los giros pertinentes para recaudar los fondos para el proyecto.