Contraloría pide suspensión de funcionarios

* Funcionarios de la Administración Departamental están siendo investigados disciplinaria y administrativamente.

Dos funcionarios del Gobierno Departamental deberán ser suspendidos de sus cargos ante la solicitud expresa realizada por el Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas. Según el representante del organismo de control, dentro del proceso auditor liderado por la entidad se encontraron inconvenientes en el suministro de información y se detectó la existencia de dos funcionarios involucrados con procesos de investigación disciplinaria y administrativa, lo que entorpecía las labores de auditoría.

Agregó el abogado Urbano Rojas, que tuvo que acudir directamente al jefe de la Oficina de Rentas del Departamento para pedir los datos requeridos dentro del proceso auditor y que ante estos ‘obstáculos’ y teniendo en cuenta que la Ley estipula que a juicio del Contralor, y si existen funcionarios incursos en procesos administrativos y disciplinarios, es posible pedir la suspensión de los mismos.

La medida se sustenta en los artículos 268 -numeral 8- y 172 de la Constitución Nacional donde los contralores acudiendo al principio de la ‘verdad sabida y la buena fe guardada’ pueden pedir la suspensión inmediata de funcionarios vinculados en procesos investigativos, por eso, mediante comunicación escrita al señor Gobernador se hizo la solicitud formal.

Según se informó, los dos funcionarios involucrados en procesos disciplinarios y administrativos habían sido destituidos pero por vicios de forma se cayó el acto administrativo lo que llevó a su reintegro.

El Contralor señaló que los funcionarios están siendo investigados por el presunto detrimento frente al impuesto de timbre, conocido popularmente como ‘de notarías’, que debe cancelar toda persona que diligencia transacciones en materia de bienes inmuebles ante la Administración Departamental. La suspensión, dijo Urbano Rojas, es una medida responsable para garantizar la transparencia en los procesos auditores e investigativos.

Aclaró el Contralor Departamental que la suspensión no atenta contra la presunción de inocencia y buena fe que cobija a los funcionarios del Departamento y que la medida tendrá vigencia mientras se adelanta la investigación. Si las personas investigadas son exoneradas de cargos deberán ser reintegradas y recibirán los salarios dejados de percibir, en caso contrario, deben asumir todas las consecuencias legales de sus actos.

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