Licorera fue 'advertida' por el Contralor

Con un Control de Advertencia la Contraloría Departamental del Cauca busca que se tomen correctivos para evitar posibles detrimentos patrimoniales causados por el contrato donde se adjudica la distribución exclusiva del aguardiente caucano.

Como resultado de una auditoría especial realizada sobre el contrato 064 de 2006 suscrito entre la Industria Licorera del Cauca, ILC, y la firma T.M. S.A., el Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, emitió un ‘Control de Advertencia’ dirigido al Gerente de la factoría Marco Antonio Zúñiga Campo, “a fin de evitar riesgos que comprometan o amenacen el patrimonio público de la empresa que usted dirige, sobre el deber legal que le asiste a usted en calidad de Representante Legal de la Industria Licorera del Cauca, de tomar los correctivos necesarios”.

En el documento, de nueve páginas, se relacionan detalladamente los hechos que generaron la advertencia y que para la Contraloría significan posibilidad de riesgo de detrimento patrimonial, “hay algunas inconsistencias frente al cumplimiento del contrato, sobre los efectos jurídicos, los ajustes, otros sí y los impactos que puede generar frente a la rentabilidad del mismo proceso industrial”, señaló el abogado Urbano Rojas.

Entre los hechos que se califican como “preocupantes” está el desfase entre las unidades que se debieron vender en el año 2007 y que ascendían a 3’876.000, de las cuales solo se vendieron 2’000.077. Por esta situación, de acuerdo a la auditoría, se dejaron de recibir más de 9 mil millones de pesos, con el agravante de que en lo corrido de este año la tendencia se mantiene y al mes de junio, de 1.383.732 botellas pactadas en el contrato se facturaron 715.001 botellas lo que significa una reducción en los ingresos de la ILC de 3.142.892.633 millones de pesos. A esto se suman las pérdidas generadas por el descuento pactado en la cláusula cuarta del contrato donde, “se observa que el precio para la firma T.M S.A. a 2008 permanece por debajo del precio de almacén que a noviembre de 2006 tenia establecido la Industria Licorera, con la consecuente pérdida por los efectos inflacionarios y el propio descuento”. Según los cálculos a 2007 esto implicó “una pérdida operacional de 2.997 millones de pesos”.

Otro punto complejo es el detectado en la cláusula decimoprimera, numeral 11.4, donde se establece la obligación del contratista de destinar un porcentaje de sus recursos para inversión que no será inferior al 1.5% de sus compras liquidadas antes de impuestos y de apropiar dentro del presupuesto de la ILC el 3% para Publicidad y Mercadeo del total de las unidades vendidas por el Precio Total. De allí se deriva que “no existe equilibrio financiero en la inversión en publicidad tanto por el porcentaje como por la base de cálculo. Para el año 2007, mientras T.M. S.A. debía invertir 71.22 pesos por botella, a la Licorera le correspondía una inversión de 385.08 pesos (5.4 veces más)”.

Y aunque a juicio del Contralor Departamental, el último otro sí firmado tiene unos pequeños avances, éstos no son significativos, “creemos que esto ha generado consecuencias nefastas para las rentas del Departamento, parece que se está improvisando con el agravante de que se ha modificado un contrato a través de un otro sí y esa figura ha sido cuestionada jurídicamente, el mismo Tribunal ha dicho que las modificaciones debieron hacerse a través de un contrato adicional en tanto los cambios están comprometiendo el objeto mismo del contrato”.

Para el abogado Urbano Rojas, este Control de Advertencia deja constancia de “las improvisaciones y desaciertos en la modificación del contrato” y busca que se tomen las medidas necesarias para disminuir el impacto que puede tener sobre las rentas y la posibilidad de que se configure un detrimento patrimonial.

Meci: el plazo se agota

*Contra el reloj y enfrentando múltiples dificultades los funcionarios de las entidades territoriales del Departamento trabajan para cumplir con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno. Contraloría Departamental lidera capacitación.

El panorama regional para cumplir con el plazo estipulado por la Ley en la implementación del Meci es complicado y eso se debe a varios factores, entre ellos la ‘desatención’ de administraciones territoriales pasadas que dejaron el proceso a medias, en el mejor de los casos, porque en la mayoría ni siquiera lo iniciaron.

Para Jairo Rodríguez, funcionario de la Contraloría General de la República, y quien fue el conferencista invitado al ciclo de talleres de implementación del Meci liderado por la Contraloría Departamental, lo que sucede en el Cauca coincide de forma general con lo que está ocurriendo en otras entidades territoriales del país donde se nota un atraso en el desarrollo e implementación del Modelo.

“Aquí hay ejercicios e intentos por formalizar y establecer documentación pero el Modelo Estándar de Control Interno tiene como característica que no se queda en la documentación y va un paso más allá y en ese sentido el atraso es todavía más fuerte”, señaló Rodríguez quien, sin embargo, destacó que esto no se debe a “maldad o falta de interés” de las actuales administraciones sino a que las anteriores no lo asumieron. Esto sumado a situaciones como la necesidad de aprobar los planes de desarrollo municipales y las complicaciones de contratación en las entidades. Todo eso llevó a un desequilibrio que hoy tiene a los funcionarios trabajando ‘a marcha forzada’ para cumplir con el plazo que vence la primera semana de diciembre.

Raquel Perlaza, Jefe de Control Interno de Puerto Tejada, coincide con la visión del funcionario al manifestar que en su localidad estaban “muy quedados” en el tema y que por lo mismo existe preocupación por desarrollar a cabalidad el proceso. “Estos talleres de la Contraloría Departamental han sido para nosotros una herramienta muy importante, aquí nos han dado elementos para desarrollar cada uno de los subsistemas que debemos tener implementados a 5 de diciembre”. La funcionaria señaló que la mayor dificultad en este momento es la inexistencia de productos concretos, exigidos por el Meci como manuales de procedimientos y procesos, pero destacó que se está haciendo un trabajo muy concienzudo, “estamos comprometidos y esperamos poder cumplir con el plazo”.

Situación similar se afronta en la ESE Oriente donde el proceso está atrasado, según dijo Carlos Salazar, Auditor de esta entidad, “para nosotros es un tema nuevo y aunque se ha contratado un acompañamiento con personal de la Esap para la primera parte que es planeación e implementación de la matriz de control interno, hacer el diagnóstico y proyecciones a diciembre es complejo”.

Para Margarita del Socorro Caicedo, Jefe de Control Interno del Hospital nivel uno de El Bordo, efectivamente el tiempo es muy corto para cumplir con todo y a esto se suman otros inconvenientes como la falta de compromiso de algunas personas, “hay dificultades en la aceptación de la gente, no lo toman muy en serio, aunque esperamos que ahora las cosas cambien ya que tenemos herramientas prácticas como resultado de estos talleres. Sabemos que es necesario generar más desde la parte administrativa, que cada jefe de área se comprometa, ese sería el éxito porque este es un proceso contínuo que no termina en diciembre”.

Un mejor panorama se registra en San Sebastián, donde el administrador público encargado de Control Interno y Gestión de la Calidad, Einer Coyo Campo, afirma que el proceso va avanzado en un 70 por ciento, “en este momento estamos trabajando las políticas de administración del riesgo, hemos designado todos los jueves para trabajar el Meci y allí contamos con la presencia de todos los funcionarios. Creemos que nuestra principal fortaleza es el compromiso de todo el nivel directivo y el personal en general del municipio, aunque la debilidad es la premura del tiempo para implementar el sistema”.

Superar estas y otras dificultades y apoyar a las entidades para lograr cumplir con el Meci es el gran objetivo de los talleres que se desarrollan en Popayán por iniciativa de la Contraloría Departamental y que vienen ejecutándose cada quince días. Estos talleres, según informó el Contralor, Álvaro Urbano Rojas, continuarán bajo la modalidad participativa para ‘aprender haciendo’. Aunque se tenía planeado realizar eventos zonales en cuatro puntos de la geografía caucana, por decisión de los participantes se continuará con los encuentros generales en la capital caucana donde se han reunido, en promedio por sesión, 60 representantes de las diferentes entidades del Departamento.

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Rosas lucha por quitarse 'las espinas'

*El Contralor del Departamento advirtió sobre el riesgo de inviabilidad de este ente territorial por sus altos pasivos y las defraudaciones millonarias en administraciones anteriores. Se planteó unión para ‘salvar’ al municipio.

La difícil situación fiscal del municipio de Rosas, cuyo pasivo supera los 13 mil millones de pesos, los problemas de corrupción constantes y las ‘tensiones’ entre el Concejo y el Alcalde llevaron al Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, a promover una reunión entre las partes y plantear acuerdos para recuperar la viabilidad del ente territorial. El encuentro, al que asistieron ocho concejales, el Alcalde, un equipo de la Contraloría Departamental y algunos representantes de la comunidad, dejó un balance positivo en tanto las partes se comprometieron a trabajar unidas por el bienestar y progreso de la comunidad.

Para el abogado Urbano Rojas, la concertación fue la gran conclusión de la reunión y la voluntad de trabajar mancomunadamente para recuperar la viabilidad del municipio, “lo que se hizo fue una especie de ‘pacto a favor de la transparencia en la gestión pública’ con el apoyo de la Contraloría en todo el proceso. Rosas ha estado muy golpeado por la corrupción, el desgreño administrativo, la improvisación en la gestión pública pero ahora el ambiente que dejamos es favorable”.

El Contralor del Departamento señaló que por iniciativa del organismo de control se hará un acta de esta reunión donde queden compromisos claros que puedan ser evaluados. En ese sentido, la Contraloría se comprometió a asesorar, acompañar y capacitar a los concejales con el objetivo de optimizar el control político y social, así como de seguir vigilante y actuando de forma oportuna en el control fiscal.

Para Azael Muñoz, Presidente del Concejo, se pudo aclarar que no es cierto que los concejales estén siendo un obstáculo para la Alcaldía como se ha dicho en algunos medios de comunicación, “esperamos que estos diálogos se den más constantemente y que los acuerdos los cumplamos. Como concejales nos comprometemos a apoyar y darle herramientas al Alcalde cuando los proyectos sean para el bienestar común pero también a poner las quejas cuando los funcionarios y el alcalde no le estén respondiendo a la comunidad”.

Por su parte, Roberto José Díaz, Alcalde municipal, definió la visita de la Contraloría como “histórica” y señaló que esa actitud de acompañamiento dejó como resultado la claridad sobre la necesidad de aunar esfuerzos para sacar adelante el municipio, “ahora la relación con el Concejo toma un viraje en el sentido de evitar desinformaciones entre las partes, los concejales han demostrado una gran voluntad de trabajar de la mano con la administración para fortalecer el desarrollo institucional”.

Agregó el mandatario que su compromiso y voluntad administrativa es total para poner en marcha todos los planes de mejoramiento y acción en aras del saneamiento fiscal y para la gestión ante organismos nacionales e internacionales que permita conseguir más recursos para mejorar la calidad de vida de los roseños.

Siguen denuncias
Como es de conocimiento público existen serias denuncias sobre manejos irregulares en anteriores administraciones en Rosas que incluso llevaron a la cárcel al ex tesorero municipal y que tienen en procesos judiciales al ex alcalde, Francisco Rivera. Y efectivamente, las denuncias no han cesado pues a la Contraloría llegaron nuevas quejas, en esta ocasión frente al suministro de combustible sin ningún respaldo contractual y sin ninguna claridad contable. La denuncia, sobre la irregularidad en la anterior administración ya está en investigación, según informó el Contralor Departamental.

Sobre estos casos de anomalías el señor César Díaz Mondragón, copropietario y representante legal de Cootransrosas, señaló que actualmente está ampliando la denuncia penal que instauró el año anterior por la existencia de cheques girados por la pasada administración a su empresa y que nunca ingresaron, aunque sí fueron cobrados. “Como resultado de una auditoría de la Contraloría en el año 2007 se encontraron unos cheques girados a la empresa y tras investigar con el banco se constató el cobro de los cheques pero éstos nunca llegaron a la empresa”. Agregó que la misma modalidad se comprobó también con cheques girados al Servicentro El Céfiro y que el monto de todos estos cheques supera los 70 millones de pesos.

La Contraloría se 'descentraliza'

*El Contralor del Departamento, en compañía de funcionarios del organismo de control, se desplaza a los municipios caucanos para capacitar en control fiscal y político y para recibir denuncias ciudadanas sobre irregularidades y posibles malos manejos de los recursos públicos.

Hasta el municipio de La Sierra llegó el Contralor Departamental, Álvaro Urbano Rojas, acompañado por tres funcionarios del órgano de control para realizar una capacitación a concejales de esa localidad del Macizo Colombiano.
En una jornada de aproximadamente cuatro horas el abogado Urbano Rojas y su equipo explicaron a los concejales de la localidad la misión y las funciones de la Contraloría Departamental generando un espacio de reflexión sobre el ejercicio del control fiscal en Colombia y el Cauca, e incluso hablando de su necesaria reformulación ante la inminente presentación de un proyecto de ley en ese sentido.

Temas como el control fiscal, las auditorías con enfoque integral, la gestión fiscal, la evaluación de proyectos sociales, el sistema de control interno y el sistema de gestión de calidad, entre otros, fueron objeto de análisis durante la jornada.

A cargo de la doctora Nubia Ordóñez de la sección de Control Fiscal de la Contraloría Departamental, estuvo la sesión sobre las diferentes clases de control (fiscal, disciplinario, interno, político, social, etc) y las entidades encargadas de supervisarlos (Contraloría, Procuraduría, etc).
Para José Nolman Córdoba Hernández, Presidente del Concejo Municipal de La Sierra, es de gran importancia que los entes de control hagan presencia en su municipio, “nosotros los concejales no tenemos acceso a capacitaciones, por eso es fundamental que lleguen hasta acá y podamos aclarar dudas sobre nuestra función y las formas de ejercer el control político a favor de la comunidad”.

Según comentaron los miembros de la Corporación Municipal, durante los primeros meses de su trabajo se han presentado serios inconvenientes en su labor por la dificultad que han tenido para acceder a información de la Administración municipal, a pesar de haber requerido por escrito en varias ocasiones a la entidad, por eso enfatizaron en conocer los medios que tienen para exigir los documentos necesarios que les permitan desarrollar adecuadamente su función en beneficio de la comunidad en general.

Córdoba Hernández señaló que el objetivo no es entorpecer la labor del Alcalde pero tampoco incumplir la misión para la cual fueron elegidos en votación popular. Añadió que bajo este concepto y con la orientación de los organismos de control como la Contraloría, seguirán trabajando por el bien de todos los serranos.

Durante la visita a la localidad dos funcionarios de auditoría de la Contraloría recibieron denuncias sobre supuestas anomalías en algunas secciones de la administración municipal, así como en el Hospital local y en algunos proyectos de vivienda actualmente ofertados en el ente territorial. Las quejas serán investigadas por el organismo de control que continuará desplazándose a los municipios caucanos.