* Funcionarios de la Administración Departamental están siendo investigados disciplinaria y administrativamente.
Dos funcionarios del Gobierno Departamental deberán ser suspendidos de sus cargos ante la solicitud expresa realizada por el Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas. Según el representante del organismo de control, dentro del proceso auditor liderado por la entidad se encontraron inconvenientes en el suministro de información y se detectó la existencia de dos funcionarios involucrados con procesos de investigación disciplinaria y administrativa, lo que entorpecía las labores de auditoría.
Agregó el abogado Urbano Rojas, que tuvo que acudir directamente al jefe de la Oficina de Rentas del Departamento para pedir los datos requeridos dentro del proceso auditor y que ante estos ‘obstáculos’ y teniendo en cuenta que la Ley estipula que a juicio del Contralor, y si existen funcionarios incursos en procesos administrativos y disciplinarios, es posible pedir la suspensión de los mismos.
La medida se sustenta en los artículos 268 -numeral 8- y 172 de la Constitución Nacional donde los contralores acudiendo al principio de la ‘verdad sabida y la buena fe guardada’ pueden pedir la suspensión inmediata de funcionarios vinculados en procesos investigativos, por eso, mediante comunicación escrita al señor Gobernador se hizo la solicitud formal.
Según se informó, los dos funcionarios involucrados en procesos disciplinarios y administrativos habían sido destituidos pero por vicios de forma se cayó el acto administrativo lo que llevó a su reintegro.
El Contralor señaló que los funcionarios están siendo investigados por el presunto detrimento frente al impuesto de timbre, conocido popularmente como ‘de notarías’, que debe cancelar toda persona que diligencia transacciones en materia de bienes inmuebles ante la Administración Departamental. La suspensión, dijo Urbano Rojas, es una medida responsable para garantizar la transparencia en los procesos auditores e investigativos.
Aclaró el Contralor Departamental que la suspensión no atenta contra la presunción de inocencia y buena fe que cobija a los funcionarios del Departamento y que la medida tendrá vigencia mientras se adelanta la investigación. Si las personas investigadas son exoneradas de cargos deberán ser reintegradas y recibirán los salarios dejados de percibir, en caso contrario, deben asumir todas las consecuencias legales de sus actos.
* visite nuestra página Web: www.contraloriacauca.gov.co
miércoles, 30 de julio de 2008
lunes, 28 de julio de 2008
Seis meses en defensa de lo público
* El Contralor del Departamento hizo un balance de su gestión, “con ganas, entusiasmo y compromiso hemos logrado resultados”.
El escollo más grande en los primeros seis meses de gestión del Contralor Departamental, Álvaro Urbano Rojas, ha sido la difícil situación presupuestal del organismo de control. De hecho, una de sus primeras actuaciones estuvo encaminada en dar a conocer la falta de recursos para el funcionamiento de la entidad, fundamentalmente por el incumplimiento en la asignación de la cuota de fiscalización estipulada en las leyes 617 de 2000 y 1151 de 2007.
Según informó el Contralor, por esta situación la entidad ha dejado de recibir recursos por el orden de los 800 millones de pesos de 2005 a 2007 y al terminar el 2008 significaría un ‘déficit’ de más de 300 millones de pesos. Ante esto el abogado Urbano Rojas sigue insistiendo frente al Gobierno Departamental en el cumplimiento de las leyes vigentes que pactan la asignación del 3.7% de las rentas para el funcionamiento de la entidad.
Sin embargo, esta falta de recursos no ha sido excusa para no cumplir con la misión institucional, ni mucho menos para quedarse de brazos cruzados. Como dice el Contralor Departamental, “el éxito está en optimizar recursos y con poco hacer mucho. Todos los funcionarios nos hemos puesto la camiseta y con confianza, trabajo y actitud positiva los resultados se están viendo”.
Estos resultados abarcan muchos aspectos: desde la aprobación del Plan Estratégico de la Contraloría hasta la consolidación de un convenio de cooperación internacional con la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, pasando por aspectos menos complejos pero igual de importantes como las capacitaciones internas y externas en temas como contratación y archivística, así como el fortalecimiento de los procesos auditores.
Logros clave
*Rendición Electrónica de Cuentas: la implementación de este proceso, por primera vez, no fue fácil y generó traumatismos a pesar de la capacitación adelantada. Sin embargo, esta Rendición permitió conocer la situación fiscal y administrativa de los entes territoriales, de las ESEs y demás organismos sujetos de control. Este proceso enfocado en la optimización del recurso público permitió ‘diagnosticar’ irregularidades y adelantar, en consecuencia, investigaciones.
Como hubo incumplimientos, diligenciamientos incorrectos y parciales, se seguirá con el proceso de orientación y formación para lograr la consolidación del proceso.
*Controles de Advertencia: Esta herramienta, planteada por la Ley, le permitió al Contralor Departamental, hacer control anterior y preventivo en situaciones complejas como el contrato de comercialización del aguardiente Caucano -velando así por los ingresos de la región y el patrimonio público-, así como en el caso de riesgo en el que se encuentran más de mil estudiantes ubicados en la ribera del Río Páez. Según constató el abogado Urbano Rojas, la población estudiantil tiene expuesta su vida e integridad por lo cual pidió medidas inmediatas para su reubicación. Estos ‘Controles de Advertencia’ han tenido eco en los gobiernos departamental y Nacional que han estipulado acciones correctivas.
*Convenio OEI: Por gestión del Contralor se logró la firma de un convenio con este organismo internacional para la ejecución de dos programas del ente de control: ‘Pedagogía Fiscal para la Democratización del Control Público’ y ‘Contralores Estudiantiles’. El acuerdo garantiza la plataforma tecnológica adecuada para la Rendición Electrónica de Cuentas de todos los entes territoriales del Cauca, la capacitación en modernización del Estado y gestión pública en cumplimiento a la norma NTCGP1000 y la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para entidades del Estado, Meci. Además fortalece la labor pedagógica con la vinculación de los estudiantes de colegios públicos en los procesos de veeduría y control fiscal.
*Creación URI de control social: Esta Unidad de Reacción Inmediata de Control Social, integrada por todos los entes de control del Departamento que tienen funciones de Policía Judicial, tiene como objetivo responder oportunamente a las denuncias ciudadanas buscando agilizar los procesos disciplinarios, fiscales o penales, sin dilatar o ignorar las quejas ciudadanas.
El escollo más grande en los primeros seis meses de gestión del Contralor Departamental, Álvaro Urbano Rojas, ha sido la difícil situación presupuestal del organismo de control. De hecho, una de sus primeras actuaciones estuvo encaminada en dar a conocer la falta de recursos para el funcionamiento de la entidad, fundamentalmente por el incumplimiento en la asignación de la cuota de fiscalización estipulada en las leyes 617 de 2000 y 1151 de 2007.
Según informó el Contralor, por esta situación la entidad ha dejado de recibir recursos por el orden de los 800 millones de pesos de 2005 a 2007 y al terminar el 2008 significaría un ‘déficit’ de más de 300 millones de pesos. Ante esto el abogado Urbano Rojas sigue insistiendo frente al Gobierno Departamental en el cumplimiento de las leyes vigentes que pactan la asignación del 3.7% de las rentas para el funcionamiento de la entidad.
Sin embargo, esta falta de recursos no ha sido excusa para no cumplir con la misión institucional, ni mucho menos para quedarse de brazos cruzados. Como dice el Contralor Departamental, “el éxito está en optimizar recursos y con poco hacer mucho. Todos los funcionarios nos hemos puesto la camiseta y con confianza, trabajo y actitud positiva los resultados se están viendo”.
Estos resultados abarcan muchos aspectos: desde la aprobación del Plan Estratégico de la Contraloría hasta la consolidación de un convenio de cooperación internacional con la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, pasando por aspectos menos complejos pero igual de importantes como las capacitaciones internas y externas en temas como contratación y archivística, así como el fortalecimiento de los procesos auditores.
Logros clave
*Rendición Electrónica de Cuentas: la implementación de este proceso, por primera vez, no fue fácil y generó traumatismos a pesar de la capacitación adelantada. Sin embargo, esta Rendición permitió conocer la situación fiscal y administrativa de los entes territoriales, de las ESEs y demás organismos sujetos de control. Este proceso enfocado en la optimización del recurso público permitió ‘diagnosticar’ irregularidades y adelantar, en consecuencia, investigaciones.
Como hubo incumplimientos, diligenciamientos incorrectos y parciales, se seguirá con el proceso de orientación y formación para lograr la consolidación del proceso.
*Controles de Advertencia: Esta herramienta, planteada por la Ley, le permitió al Contralor Departamental, hacer control anterior y preventivo en situaciones complejas como el contrato de comercialización del aguardiente Caucano -velando así por los ingresos de la región y el patrimonio público-, así como en el caso de riesgo en el que se encuentran más de mil estudiantes ubicados en la ribera del Río Páez. Según constató el abogado Urbano Rojas, la población estudiantil tiene expuesta su vida e integridad por lo cual pidió medidas inmediatas para su reubicación. Estos ‘Controles de Advertencia’ han tenido eco en los gobiernos departamental y Nacional que han estipulado acciones correctivas.
*Convenio OEI: Por gestión del Contralor se logró la firma de un convenio con este organismo internacional para la ejecución de dos programas del ente de control: ‘Pedagogía Fiscal para la Democratización del Control Público’ y ‘Contralores Estudiantiles’. El acuerdo garantiza la plataforma tecnológica adecuada para la Rendición Electrónica de Cuentas de todos los entes territoriales del Cauca, la capacitación en modernización del Estado y gestión pública en cumplimiento a la norma NTCGP1000 y la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para entidades del Estado, Meci. Además fortalece la labor pedagógica con la vinculación de los estudiantes de colegios públicos en los procesos de veeduría y control fiscal.
*Creación URI de control social: Esta Unidad de Reacción Inmediata de Control Social, integrada por todos los entes de control del Departamento que tienen funciones de Policía Judicial, tiene como objetivo responder oportunamente a las denuncias ciudadanas buscando agilizar los procesos disciplinarios, fiscales o penales, sin dilatar o ignorar las quejas ciudadanas.
martes, 22 de julio de 2008
Padilla podría desaparecer como municipio
* El Contralor del Departamento afirmó que el municipio no es viable fiscalmente y que tendría que liquidarse o fusionarse.
Una grave situación fiscal atraviesa el municipio de Padilla lo que podría llevar a la liquidación o fusión de la localidad nortecaucana. Según informó el Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, tras realizar una Auditoría Regular con Enfoque Integral se determinaron varias anomalías en la Rendición Electrónica de Cuentas como datos inconsistentes, formularios incompletos, mal diligenciados y falta de soportes.
Esta situación irregular llevó a que el organismo de control realizara una visita especial, efectuada la semana anterior, en la que los funcionarios auditores Omar Gustavo González Sarria y Luciano Benavides Álvarez, pudieron constatar que los pasivos municipales superan los 4 mil millones de pesos.
Para el Contralor Departamental, es claro que Padilla no cumple con los parámetros de la Ley 617 de 2000, “esta situación viene presentándose recurrentemente: en el 2005, 2006 y 2007, y yo creo que ya tocó fondo”. Agregó el abogado Urbano Rojas que el informe y la visita de auditoría pusieron en evidencia hechos de suma gravedad como que el municipio no cuenta con Plan Estratégico ni planes de acción a pesar de tener aprobado el Plan de Desarrollo, es decir que no tienen las herramientas para ejecutar el Plan ni recursos para el mismo. Tampoco existe un plan mensual de caja elaborado en forma técnica ni hay seguimiento o evaluación al proceso de recaudo y ejecución del gasto. De igual manera no se han establecido indicadores que permitan medir los resultados de la gestión administrativa, no hay políticas de manejo de pasivos y no se han cumplido los Planes de Mejoramiento suscritos por el municipio como resultado de ejercicios auditores anteriores.
Para completar, el municipio no tiene identificados los bienes muebles e inmuebles que posee, no se ha inscrito en el sistema de contratación pública, no tiene plenamente definido el Banco de Programas y Proyectos y en la vigencia de 2008 el tesorero firma el presupuesto como tesorero y jefe de presupuesto, viciando el proceso de control presupuestal y de tesorería.
Por esta situación y tal como lo dispone la Ley, el Contralor Departamental deberá certificar que Padilla no es viable lo que implicaría que el municipio se liquide o fusione, es decir, que pase a ser corregimiento de una localidad vecina. Sin embargo, aún se buscan medidas para evitar que el Cauca pierda uno de sus municipios. Ya se pasó el debido informe al Gobernador del Departamento y para mañana, 22 de julio, se tiene prevista una nueva reunión con la alcaldesa de Padilla y concejales de esa localidad en busca de otras opciones.
Lo cierto es que ya se iniciaron procesos para determinar las responsabilidades (fiscales, penales, etc.) a que haya lugar, aunque esto no solucione el problema municipal, “lamentablemente la más perjudicada es la comunidad por la malversación de fondos y el desgreño administrativo” recalcó el Contralor del Departamento, quien agregó que el caso de Padilla no es el único en la región y que hay dos o tres localidades con situaciones similares y de las cuales se conocerán pronto los resultados de los procesos auditores.
Una grave situación fiscal atraviesa el municipio de Padilla lo que podría llevar a la liquidación o fusión de la localidad nortecaucana. Según informó el Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, tras realizar una Auditoría Regular con Enfoque Integral se determinaron varias anomalías en la Rendición Electrónica de Cuentas como datos inconsistentes, formularios incompletos, mal diligenciados y falta de soportes.
Esta situación irregular llevó a que el organismo de control realizara una visita especial, efectuada la semana anterior, en la que los funcionarios auditores Omar Gustavo González Sarria y Luciano Benavides Álvarez, pudieron constatar que los pasivos municipales superan los 4 mil millones de pesos.
Para el Contralor Departamental, es claro que Padilla no cumple con los parámetros de la Ley 617 de 2000, “esta situación viene presentándose recurrentemente: en el 2005, 2006 y 2007, y yo creo que ya tocó fondo”. Agregó el abogado Urbano Rojas que el informe y la visita de auditoría pusieron en evidencia hechos de suma gravedad como que el municipio no cuenta con Plan Estratégico ni planes de acción a pesar de tener aprobado el Plan de Desarrollo, es decir que no tienen las herramientas para ejecutar el Plan ni recursos para el mismo. Tampoco existe un plan mensual de caja elaborado en forma técnica ni hay seguimiento o evaluación al proceso de recaudo y ejecución del gasto. De igual manera no se han establecido indicadores que permitan medir los resultados de la gestión administrativa, no hay políticas de manejo de pasivos y no se han cumplido los Planes de Mejoramiento suscritos por el municipio como resultado de ejercicios auditores anteriores.
Para completar, el municipio no tiene identificados los bienes muebles e inmuebles que posee, no se ha inscrito en el sistema de contratación pública, no tiene plenamente definido el Banco de Programas y Proyectos y en la vigencia de 2008 el tesorero firma el presupuesto como tesorero y jefe de presupuesto, viciando el proceso de control presupuestal y de tesorería.
Por esta situación y tal como lo dispone la Ley, el Contralor Departamental deberá certificar que Padilla no es viable lo que implicaría que el municipio se liquide o fusione, es decir, que pase a ser corregimiento de una localidad vecina. Sin embargo, aún se buscan medidas para evitar que el Cauca pierda uno de sus municipios. Ya se pasó el debido informe al Gobernador del Departamento y para mañana, 22 de julio, se tiene prevista una nueva reunión con la alcaldesa de Padilla y concejales de esa localidad en busca de otras opciones.
Lo cierto es que ya se iniciaron procesos para determinar las responsabilidades (fiscales, penales, etc.) a que haya lugar, aunque esto no solucione el problema municipal, “lamentablemente la más perjudicada es la comunidad por la malversación de fondos y el desgreño administrativo” recalcó el Contralor del Departamento, quien agregó que el caso de Padilla no es el único en la región y que hay dos o tres localidades con situaciones similares y de las cuales se conocerán pronto los resultados de los procesos auditores.
viernes, 18 de julio de 2008
Informe de gestión
El Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, dará a conocer la próxima semana el informe de gestión de sus primeros seis meses al frente del organismo de control.
Temas y actividades clave se han desarrollado en el marco de su Plan de Desarrollo 'Pedagogía Fiscal para la Democratización del Control Público'. Se destaca el convenio de cooperación internacional con la OEI; el énfasis de trabajo en la implementación de la rendición electrónica de cuentas; la creación de la Unidad de Reacción Inmediata de Control Social; los controles previos como el realizado en Páez por el riesgo de los estudiantes y el énfasis en la lucha contra toda forma de corrupción, entre otros.
Temas y actividades clave se han desarrollado en el marco de su Plan de Desarrollo 'Pedagogía Fiscal para la Democratización del Control Público'. Se destaca el convenio de cooperación internacional con la OEI; el énfasis de trabajo en la implementación de la rendición electrónica de cuentas; la creación de la Unidad de Reacción Inmediata de Control Social; los controles previos como el realizado en Páez por el riesgo de los estudiantes y el énfasis en la lucha contra toda forma de corrupción, entre otros.
lunes, 7 de julio de 2008
Todo listo para firma de convenio
Aprobados los proyectos ‘Pedagogía Fiscal para la Democratización del Control Público’ y ‘Contralores Estudiantiles’
A través de una carta dirigida al Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, la Organización de Estados Iberoamericanos representada por su Director en Colombia, Ángel Martín Peccis, aceptó la participación en dos proyectos claves del ente de control: ‘Pedagogía Fiscal para la Democratización del Control Público’ y ‘Contralores Estudiantiles’.
El documento oficial, que fue entregado al Contralor Departamental en Bogotá, es el paso previo para la oficialización del Convenio que quedaría en firme al finalizar esta semana o a comienzos de la próxima. Según indicó el abogado Urbano Rojas, ya se dejó la minuta del Convenio que pasará a revisión de los abogados de la OEI y que será remitida para la consideración final por parte de la Contraloría Departamental y la firma correspondiente que oficializará el acuerdo de cooperación internacional.
Este Convenio garantizará en su primer componente la plataforma tecnológica adecuada para todos los entes territoriales del Cauca, además de la capacitación en modernización del Estado y gestión pública para dar cumplimiento a la norma NTCGP1000 y a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para entidades del Estado, Meci.
“La pedagogía fiscal y la plataforma tecnológica son claves como mecanismo de control, la idea es cualquier ciudadano pueda acceder por Internet a los municipios y ver todo lo relacionado con contratación, presupuestos, convocatorias, qué está haciendo el alcalde, etc. Es entrar a la globalización para facilitar el control político, social y fiscal, así habrá mayor transparencia”, señaló el Contralor Departamental.
El segundo eje del Convenio es el programa de Contralores Estudiantiles que será ejecutado a través de Corpoandes y que consiste en el diseño e implementación del proceso de información y elección del contralor estudiantil de colegios oficiales en Popayán y tres municipios aledaños, aún sin determinar. El objetivo central es que este sea un mecanismo de participación ciudadana en el ejercicio del control social y estímulo a una cultura ciudadana del control.
Para el Contralor Departamental, Álvaro Urbano Rojas, este programa es fundamental en tanto propende por el control público en la población juvenil. Según explicó, el proyecto se ha desarrollado con gran éxito en Bogotá y el resultado del mismo se evidencia en más de 75 investigaciones disciplinarias realizadas en entidades educativas y en la destitución por parte de la Procuraduría de 4 rectores por el mal manejo de los recursos públicos, todo gracias a las denuncias y veedurías realizadas por los contralores estudiantiles.
Detalles del Convenio
El Convenio está diseñado para 4 años y la idea es que pueda ser un proceso sostenible. Para su ejecución se requiere una partida por parte de los entes territoriales pactada así: 100 millones de pesos de la Gobernación del Cauca; 20 millones de pesos de la Alcaldía de Popayán; 5 millones de pesos de la Administración Municipal de Santander de Quilichao y tres millones de pesos para los demás entes territoriales del Departamento. Se estima que se reunirían unos 450 millones de pesos, contando también con el aporte de las ESE y otros sujetos de control.
Una vez esté lista la partida, la OEI desembolsaría la contrapartida por el mismo valor para comenzar la ejecución del Convenio. Según informó el Contralor del Departamento, los convenios con los alcaldes ya están firmados todos con su respectiva reserva presupuestal y se están haciendo los giros pertinentes para recaudar los fondos para el proyecto.
martes, 1 de julio de 2008
'con la camiseta puesta'
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Funcionarios de la Contraloría Departamental del Cauca concluyeron con grandes logros la capacitación sobre Tablas de Retención Documental adelantada por el Sena en convenio con el organismo de control. Aunque podría pensarse que esta formación académica es una de tantas que se da al interior de las instituciones, este proyecto podría convertirse en piloto a nivel nacional en tanto le permitiría a la Contraloría evitarse una contratación externa.
Y es que de acuerdo a la Ley 594 o Ley General de archivos, las entidades deben presentar sus respectivas Tablas, proceso que a nivel nacional se realiza mediante contratación externa y que según informó la instructora del Sena, Rocío Astudillo Escobar, es significativamente costoso. Por eso, y teniendo en cuenta que la Contraloría Departamental no cuenta con recursos se decidió hacer la capacitación para que sean los mismos funcionarios los que realicen esa labor tendiente a cumplir lo estipulado en la normatividad vigente.
El proyecto liderado por el Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, busca fortalecer la política archivística en el organismo de control sin generar gastos para la entidad, por eso se conformó el Comité de Archivo que fue el grupo que recibió la capacitación durante 60 horas y que será el encargado de elaborar y presentar las Tablas de Retención Documental.
Para la instructora Astudillo Escobar, el resultado de la capacitación fue positivo en tanto más que recibir datos, los funcionarios comenzaron a poner en práctica los conocimientos y ya elaboraron un borrador que les permitirá en unos dos meses tener las Tablas consolidadas, “esto es muy bueno para la entidad y si lo hacen serán pioneros en el país, sin duda los funcionarios están haciendo un esfuerzo para impactar en este aspecto de la archivística que es tan descuidado en el país”, señaló.
A concretar acciones por Páez
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Pasar, como dice el refrán, ‘del dicho al hecho’ es lo que se planteó en la reunión convocada por la Contraloría Departamental del Cauca para analizar la situación de riesgo en que se encuentra la población de Belalcázar y específicamente más de mil estudiantes cuyas instituciones están ubicadas sobre la margen del Río Páez.
Con un acta donde fueron consignados cada uno de los puntos tratados en la reunión y las intervenciones de los representantes de las diferentes entidades de la región, se busca interpelar al Gobierno Nacional para que dé respuestas a los problemas más urgentes de la población ante el riesgo de una posible erupción del Volcán Nevado del Huila y una consecuente nueva avalancha en la zona.
Para lograr ese objetivo el documento resultante de la reunión insta al Contralor General de la Nación a emitir un Control de Advertencia nacional que dé cuenta de la gravedad de la situación.
Según el Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, la idea es no limitarse a recomendaciones sino asumir obligaciones propositivas, “no queremos que todo se quede en un documento, sino que se refleje en acciones y políticas efectivas para atender con eficiencia y eficacia la problemática”, resaltó.
En la reunión se identificaron tres grandes prioridades en la zona: la reubicación de entidades educativas, la necesidad de vivienda en sitios seguros y la urgencia de terminar obras de infraestructura como puentes y albergues. En ese sentido, se pedirá a las respectivas dependencias del Estado que informen sobre las acciones realizadas hasta el momento y se asignen responsabilidades frente a las soluciones.
Y es que para los representantes de las diferentes entidades es claro que una de las grandes limitantes hasta el momento ha sido la asignación de recursos que no se compensa con la magnitud de los hechos ocurridos en la zona y del riesgo que sigue latente. De hecho, este año el Gobierno Nacional asignó al municipio de Belalcázar sólo 100 millones de pesos, cifra que no alcanza ni siquiera para la construcción de los más de 50 albergues que se requieren.
Aunque existe un presupuesto ya asegurado de 6 mil millones de pesos para puentes peatonales y caballares y 4 mil millones de pesos para terminar la reubicación de la Normal, estos recursos se derivaron de la primera avalancha registrada en la zona en 1994 y no alcanzan para finalizar todas las obras, máximo considerando que el año pasado sucedió otra avalancha que aumentó la afectación de la comunidad.
Ante este panorama el abogado Urbano Rojas insistió en que la prioridad es solucionar el problema educativo, “hay que reubicar escuelas y garantizar el servicio educativo, la solución no es suspender las clases, hay que tomar todas las medidas necesarias y salvaguardar la vida, sólo donde hay vida se puede hablar de viviendas, puentes, etc”.
Cifras y datos para tener en cuenta
*Según diagnóstico local dado a conocer al Crepad, en la zona se requiere la construcción de 6 albergues en la cabecera municipal y 49 en la zona rural
*La Procuraduría Regional ante denuncio del Senador Jesús Piñacué adelanta una investigación de carácter averiguatorio para determinar si hay responsabilidad de funcionarios o dependencias por la no construcción oportuna de albergues.
*De acuerdo a un estudio de Ingeominas, 160 viviendas que siguen habitadas desaparecerían en caso de ocurrir una nueva avalancha.
*La Contraloría podría iniciar procesos administrativos, disciplinarios y fiscales si se hace caso omiso a los Controles de Advertencia que buscan minimizar el riesgo, salvar vidas y evitar el detrimento del patrimonio público.
Con un acta donde fueron consignados cada uno de los puntos tratados en la reunión y las intervenciones de los representantes de las diferentes entidades de la región, se busca interpelar al Gobierno Nacional para que dé respuestas a los problemas más urgentes de la población ante el riesgo de una posible erupción del Volcán Nevado del Huila y una consecuente nueva avalancha en la zona.
Para lograr ese objetivo el documento resultante de la reunión insta al Contralor General de la Nación a emitir un Control de Advertencia nacional que dé cuenta de la gravedad de la situación.
Según el Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, la idea es no limitarse a recomendaciones sino asumir obligaciones propositivas, “no queremos que todo se quede en un documento, sino que se refleje en acciones y políticas efectivas para atender con eficiencia y eficacia la problemática”, resaltó.
En la reunión se identificaron tres grandes prioridades en la zona: la reubicación de entidades educativas, la necesidad de vivienda en sitios seguros y la urgencia de terminar obras de infraestructura como puentes y albergues. En ese sentido, se pedirá a las respectivas dependencias del Estado que informen sobre las acciones realizadas hasta el momento y se asignen responsabilidades frente a las soluciones.
Y es que para los representantes de las diferentes entidades es claro que una de las grandes limitantes hasta el momento ha sido la asignación de recursos que no se compensa con la magnitud de los hechos ocurridos en la zona y del riesgo que sigue latente. De hecho, este año el Gobierno Nacional asignó al municipio de Belalcázar sólo 100 millones de pesos, cifra que no alcanza ni siquiera para la construcción de los más de 50 albergues que se requieren.
Aunque existe un presupuesto ya asegurado de 6 mil millones de pesos para puentes peatonales y caballares y 4 mil millones de pesos para terminar la reubicación de la Normal, estos recursos se derivaron de la primera avalancha registrada en la zona en 1994 y no alcanzan para finalizar todas las obras, máximo considerando que el año pasado sucedió otra avalancha que aumentó la afectación de la comunidad.
Ante este panorama el abogado Urbano Rojas insistió en que la prioridad es solucionar el problema educativo, “hay que reubicar escuelas y garantizar el servicio educativo, la solución no es suspender las clases, hay que tomar todas las medidas necesarias y salvaguardar la vida, sólo donde hay vida se puede hablar de viviendas, puentes, etc”.
Cifras y datos para tener en cuenta
*Según diagnóstico local dado a conocer al Crepad, en la zona se requiere la construcción de 6 albergues en la cabecera municipal y 49 en la zona rural
*La Procuraduría Regional ante denuncio del Senador Jesús Piñacué adelanta una investigación de carácter averiguatorio para determinar si hay responsabilidad de funcionarios o dependencias por la no construcción oportuna de albergues.
*De acuerdo a un estudio de Ingeominas, 160 viviendas que siguen habitadas desaparecerían en caso de ocurrir una nueva avalancha.
*La Contraloría podría iniciar procesos administrativos, disciplinarios y fiscales si se hace caso omiso a los Controles de Advertencia que buscan minimizar el riesgo, salvar vidas y evitar el detrimento del patrimonio público.
A 'responder' por la contrataciòn
La Contraloría Departamental del Cauca reconociendo las dudas e inquietudes existentes entre los mandatarios y funcionarios públicos de Popayán y el Cauca en el tema de contratación estatal, organizó un seminario taller con la orientación de la abogada y especialista Cielo López Gutiérrez.
Según la conferencista, la reciente reglamentación de la ley 1150 de 2007 a través del decreto 066 de 2008 ha generado algunos traumatismos por el hecho mismo de la nueva normatividad y porque la misma coincidió con el inicio de las administraciones municipales y departamentales. Además la Ley empezó a regir el 16 de enero de este año y sólo hasta ese mismo día se dio a conocer el decreto reglamentario.
Para la señora López Gutiérrez estos cambios en la normatividad hacen necesario un proceso de socialización de la modificación de la Ley como el que se viene realizando en Popayán bajo el liderazgo de la Contraloría Departamental y de su Fundación de Apoyo, sobretodo haciendo énfasis en la responsabilidad que tienen los funcionarios y en la importancia de la labor administrativa que les corresponde.
Y es que transcurridos varios meses de la expedición del decreto reglamentario sigue existiendo temor entre los funcionarios que se vieron enfrentados a la nueva norma, “es claro que la gestión contractual de las administraciones no podía pararse y los funcionarios han tratado de responder a ello, pero aún existen dudas, en especial, en cuanto a los procedimientos de selecciones en tanto la Ley no está totalmente reglamentada”, señaló la abogada López Gutiérrez.
Agregó que no se puede afirmar que por la nueva reglamentación los funcionarios hayan desconocido los procedimientos pactados en el decreto reglamentario y que partiendo de la buena fe de los mismos se espera que ellos sepan explicar y justificar sus actuaciones ante los entes de control. Señaló la señora López Gutiérrez que independientemente de la norma que esté en vigencia, “lo más importante es la responsabilidad y actitud que los funcionarios tengan frente al tema de la contratación. Es indudable que hay muchas investigaciones por cuenta de irregularidades en la contratación pero aquí es donde juega un papel fundamental la responsabilidad de las personas y el apego a la Ley”.
Para el Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, eventos académicos como este, propenden fundamentalmente porque la gestión contractual del Estado sea lo más correcta posible. De la misma manera se busca que los alcaldes, funcionarios y hasta el Gobernador no incurran en acciones u omisiones que les puedan significar procesos de responsabilidad disciplinaria, fiscal o penal.
Según la conferencista, la reciente reglamentación de la ley 1150 de 2007 a través del decreto 066 de 2008 ha generado algunos traumatismos por el hecho mismo de la nueva normatividad y porque la misma coincidió con el inicio de las administraciones municipales y departamentales. Además la Ley empezó a regir el 16 de enero de este año y sólo hasta ese mismo día se dio a conocer el decreto reglamentario.
Para la señora López Gutiérrez estos cambios en la normatividad hacen necesario un proceso de socialización de la modificación de la Ley como el que se viene realizando en Popayán bajo el liderazgo de la Contraloría Departamental y de su Fundación de Apoyo, sobretodo haciendo énfasis en la responsabilidad que tienen los funcionarios y en la importancia de la labor administrativa que les corresponde.
Y es que transcurridos varios meses de la expedición del decreto reglamentario sigue existiendo temor entre los funcionarios que se vieron enfrentados a la nueva norma, “es claro que la gestión contractual de las administraciones no podía pararse y los funcionarios han tratado de responder a ello, pero aún existen dudas, en especial, en cuanto a los procedimientos de selecciones en tanto la Ley no está totalmente reglamentada”, señaló la abogada López Gutiérrez.
Agregó que no se puede afirmar que por la nueva reglamentación los funcionarios hayan desconocido los procedimientos pactados en el decreto reglamentario y que partiendo de la buena fe de los mismos se espera que ellos sepan explicar y justificar sus actuaciones ante los entes de control. Señaló la señora López Gutiérrez que independientemente de la norma que esté en vigencia, “lo más importante es la responsabilidad y actitud que los funcionarios tengan frente al tema de la contratación. Es indudable que hay muchas investigaciones por cuenta de irregularidades en la contratación pero aquí es donde juega un papel fundamental la responsabilidad de las personas y el apego a la Ley”.
Para el Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, eventos académicos como este, propenden fundamentalmente porque la gestión contractual del Estado sea lo más correcta posible. De la misma manera se busca que los alcaldes, funcionarios y hasta el Gobernador no incurran en acciones u omisiones que les puedan significar procesos de responsabilidad disciplinaria, fiscal o penal.
Contralor alertó sobre riesgo de estudiantes en Páez
El Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, advirtió sobre el grave peligro en que se encuentran más de mil estudiantes de 14 instituciones educativas del municipio de Páez. Según constató el abogado Urbano Rojas en visita efectuada a esa localidad, entidades como la Escuela Rural Mixta de Caloto Huila, San Miguel, Chachacué, Mesa de Tóez, Cohetandillo, Tálaga, Aranzazu y el Seminario Indígena de Minas, entre otras, se encuentran sobre la margen del Río Páez, completamente vulnerables ante una posible avalancha o deslizamiento.
Por esta situación y en ejercicio de la función fiscal consagrada en los artículos 267 y 274 de la Constitución Política y específicamente para advertir graves riesgos sobre operaciones o procesos de ejecución que comprometan la responsabilidad o el patrimonio público, el Contralor Departamental señaló el riesgo en que se encuentra la población estudiantil y pide que se tomen medidas al respecto. Para ello, Urbano Rojas envió sendas cartas a la Secretaria de Educación Departamental, Deifan Silva, y al Gobernador del Departamento, Guillermo Alberto González.
En las misivas el Contralor del Departamento solicita a los funcionarios informar al ente de control las “políticas a corto, mediano y largo plazo que han sido adoptadas por la Secretaría conducentes a superar el riesgo que presenta la población usuaria de las instituciones educativas de Páez”. En el documento también se pide el diagnóstico realizado sobre el sector educativo de Páez que se encuentra bajo amenaza e informar las acciones que han sido implementadas para reducir la vulnerabilidad de la infraestructura educativa.
Álvaro Urbano Rojas afirmó que la situación es verdaderamente preocupante en tanto una avalancha puede suceder en cualquier momento, “la única solución que se ha planteado es cancelar las clases y el trabajo escolar, cuando esto no es lo correcto. A mí me parece que debe ser una política de Estado, más que de atención o reacción, de prevención y lo que debe hacerse es reubicar esas escuelas y construirlas en una zona segura”, señaló el Contralor Departamental.
Agregó que ya se reunió con el Gerente de la Contraloría General y se encuentran elaborando un documento para dar a conocer al Gobierno Nacional esta situación, la idea es que el Contralor General de la Nación envíe un control de advertencia al Ministerio de Educación y a la Oficina de Prevención y Atención de Desastres pidiendo medidas urgentes. “Se busca que el Gobierno Nacional designe recursos a la Alcaldía de Páez lo más pronto posible para la reubicación de estas escuelas, y así poder impedir que ocurra una tragedia de gran magnitud con un detrimento patrimonial grave para el Estado. Tomar unas medidas oportunas garantiza el estudio de los niños y jóvenes, la seguridad de la población y el evitar desplazamiento en la zona”, enfatizó Urbano Rojas.
El Contralor del Departamento también afirmó que conjuntamente con el Alcalde de Páez se analizó la posibilidad de decretar la urgencia manifiesta en el municipio para flexibilizar la contratación pública y darle vía libre a las obras que se requieren para enfrentar la amenaza de avalancha en la región
Álvaro Urbano Rojas resaltó este ‘control de advertencia’ responde a una nueva herramienta que la Ley y la Constitución le da a las Contralorías, “nosotros no sólo hacemos control posterior y selectivo, sino que debemos estar atentos a que el Estado no sufra detrimento patrimonial, malversación de recursos o que esté sometido a alto riesgo que pueda generar indemnizaciones”, acotó.
Inspección a obras
Durante su visita a Páez el Contralor del Departamento también inspeccionó las obras que se adelantan en la localidad como respuesta a la amenaza de avalancha. Según informó los albergues están en construcción, la mayoría de ellos con estructura en madera y techos en zinc, y aunque resaltó la labor del Alcalde municipal y de la Gobernación del Cauca que ha contribuido con maquinaria y material, afirmó que es preocupante que después de 14 años Páez no tenga implementado un plan de evacuación completo y que apenas se estén construyendo las obras que se necesitan.
Por esta situación y en ejercicio de la función fiscal consagrada en los artículos 267 y 274 de la Constitución Política y específicamente para advertir graves riesgos sobre operaciones o procesos de ejecución que comprometan la responsabilidad o el patrimonio público, el Contralor Departamental señaló el riesgo en que se encuentra la población estudiantil y pide que se tomen medidas al respecto. Para ello, Urbano Rojas envió sendas cartas a la Secretaria de Educación Departamental, Deifan Silva, y al Gobernador del Departamento, Guillermo Alberto González.
En las misivas el Contralor del Departamento solicita a los funcionarios informar al ente de control las “políticas a corto, mediano y largo plazo que han sido adoptadas por la Secretaría conducentes a superar el riesgo que presenta la población usuaria de las instituciones educativas de Páez”. En el documento también se pide el diagnóstico realizado sobre el sector educativo de Páez que se encuentra bajo amenaza e informar las acciones que han sido implementadas para reducir la vulnerabilidad de la infraestructura educativa.
Álvaro Urbano Rojas afirmó que la situación es verdaderamente preocupante en tanto una avalancha puede suceder en cualquier momento, “la única solución que se ha planteado es cancelar las clases y el trabajo escolar, cuando esto no es lo correcto. A mí me parece que debe ser una política de Estado, más que de atención o reacción, de prevención y lo que debe hacerse es reubicar esas escuelas y construirlas en una zona segura”, señaló el Contralor Departamental.
Agregó que ya se reunió con el Gerente de la Contraloría General y se encuentran elaborando un documento para dar a conocer al Gobierno Nacional esta situación, la idea es que el Contralor General de la Nación envíe un control de advertencia al Ministerio de Educación y a la Oficina de Prevención y Atención de Desastres pidiendo medidas urgentes. “Se busca que el Gobierno Nacional designe recursos a la Alcaldía de Páez lo más pronto posible para la reubicación de estas escuelas, y así poder impedir que ocurra una tragedia de gran magnitud con un detrimento patrimonial grave para el Estado. Tomar unas medidas oportunas garantiza el estudio de los niños y jóvenes, la seguridad de la población y el evitar desplazamiento en la zona”, enfatizó Urbano Rojas.
El Contralor del Departamento también afirmó que conjuntamente con el Alcalde de Páez se analizó la posibilidad de decretar la urgencia manifiesta en el municipio para flexibilizar la contratación pública y darle vía libre a las obras que se requieren para enfrentar la amenaza de avalancha en la región
Álvaro Urbano Rojas resaltó este ‘control de advertencia’ responde a una nueva herramienta que la Ley y la Constitución le da a las Contralorías, “nosotros no sólo hacemos control posterior y selectivo, sino que debemos estar atentos a que el Estado no sufra detrimento patrimonial, malversación de recursos o que esté sometido a alto riesgo que pueda generar indemnizaciones”, acotó.
Inspección a obras
Durante su visita a Páez el Contralor del Departamento también inspeccionó las obras que se adelantan en la localidad como respuesta a la amenaza de avalancha. Según informó los albergues están en construcción, la mayoría de ellos con estructura en madera y techos en zinc, y aunque resaltó la labor del Alcalde municipal y de la Gobernación del Cauca que ha contribuido con maquinaria y material, afirmó que es preocupante que después de 14 años Páez no tenga implementado un plan de evacuación completo y que apenas se estén construyendo las obras que se necesitan.
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