*Alrededor de 8 mil millones de pesos del Departamento siguen en ‘el limbo’. Contraloría Departamental adelanta investigación y procesos para evitar el detrimento patrimonial.
Recuperar una cifra cercana a los 8 mil millones de pesos del Departamento es la prioridad en este momento para la Contraloría, entidad que adelanta una investigación de responsabilidad fiscal por hechos sucedidos en la Tesorería de la actual administración seccional y en los cuales se invirtió una millonaria suma de recursos públicos en una empresa en liquidación.
Los antecedentes
Según informó el Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, el pasado 18 de diciembre del año en curso, el Gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, y el Secretario Administrativo y Financiero, Harold Casas, le hicieron llegar una carta con copia del oficio dirigido a María Helena Ramírez, en ese entonces Tesorera del Departamento. En la misiva los funcionarios le solicitan a la Tesorera información sobre una inversión hecha en la entidad Probolsa, S.A., de Cali, donde se hicieron inversiones por valor superior a los 12 mil millones de pesos. En la carta se anota que según informe de la División de Apoyo Fiscal, DAF, esa entidad no está autorizada para recibir depósitos de dinero y tampoco tiene el control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, aunque sí el de Superintendencia de sociedades por ser una sociedad anónima. Enfatizan el Gobernador y el Secretario en el documento enviado a la Contraloría, que estos hechos realizados por la Tesorera no fueron consultados ni informados como era el deber de la funcionaria en su calidad de subalterna, por lo tanto esas acciones habrían sido hechas ‘bajo cuenta y riesgo’ de la Tesorera.
Las acciones
Con los datos proporcionados por la Gobernación, la Contraloría Departamental implementó acciones inmediatas. Por eso, como representantes de un organismo de control y en ejercicio de la función de policía judicial, una comisión encabezada por el Contralor Departamental y con el acompañamiento de personal del DAS, se trasladó a la Tesorería del Departamento para recoger toda la información necesaria, “tomamos todas las pruebas documentales para tenerlas en cadena de custodia. También nos trasladamos a Cali a la firma Probolsa donde hicimos otro operativo de policía judicial para solicitar todos los documentos que había en el folder de Gobernación”, señaló Urbano Rojas.
Estas pesquisas permitieron establecer los montos exactos invertidos por el Departamento y además constatar que en la misma firma había inversiones del municipio de Silvia y del Hospital San Vicente de Paúl de Santander de Quilichao. Así, se estableció que la cifra correspondiente a los recursos del Cauca ascendía a 11 mil millones de pesos; la de Silvia a 500 millones de pesos y la del Hospital a 651 millones de pesos.
De estos recursos se encontraron y recuperaron en TES del Departamento 3.352 millones de pesos y del Hospital de Santander de Quilichao 651 millones de pesos, esto significa que faltan por recuperar 7.642 mil millones de pesos para el Cauca, incluyendo los intereses, y para Silvia 500 millones de pesos.
Agregó el Contralor, que fue posible verificar que se sabía mediante escritura pública 4165 de la notaría Trece de Cali, que el 5 de noviembre del año en curso Probolsa oficializó su proceso de disolución y liquidación y, no obstante, los depósitos se hicieron el 30 de noviembre y el 5 de diciembre de 2008.
Se informó que además de la investigación fiscal a cargo de la Contraloría Departamental, se hizo el respectivo traslado a los organismos competentes para las investigaciones y sanciones penales y disciplinarias del caso.
Recuperación de recursos públicos
Para el Contralor del Departamento, si bien es importante sancionar y castigar a los responsables de estos hechos, la fundamental es recuperar esos recursos públicos que por ahora están ‘perdidos’, “lo que hacemos es perseguir por la vía judicial a Probolsa, entidad defraudadora, y hacer efectiva las pólizas que tienen los funcionarios que manejan recursos públicos. Así mismo mirar los embargos o secuestros sobre bienes de estos funcionarios para garantizar la recuperación del dinero”, afirmó Urbano Rojas.
Añadió, que para el cauca sería muy grave no recuperar esos dineros porque quedaría con un ‘hueco fiscal’ que lesionaría las finanzas regionales.
Las fallas internas
Estos hechos que develan problemas en el manejo de los recursos públicos, ponen también en evidencia fallas en los sistemas de control, “creo que falló el control interno y el control jerárquico. Que incidió el no tener una plataforma tecnológica que permita al ordenador del gasto y a los jefes confirmar diariamente las cuentas para no dejar al arbitrio de un funcionario la disposición de los recursos”, afirmó el Contralor quien señaló que esto genera responsabilidad en la investigación que está abierta, obviamente con el derecho al debido proceso y la contradicción de los implicados.
“Fallaron los mecanismos de verificación de inversiones, la seguridad que debe existir en el manejo de los recursos públicos, la parte jurídica en cuanto al estudio de las entidades con las cuales se va a contratar, todo esto es objeto de la investigación y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, enfatizó Álvaro Urbano Rojas.
Recuperar una cifra cercana a los 8 mil millones de pesos del Departamento es la prioridad en este momento para la Contraloría, entidad que adelanta una investigación de responsabilidad fiscal por hechos sucedidos en la Tesorería de la actual administración seccional y en los cuales se invirtió una millonaria suma de recursos públicos en una empresa en liquidación.
Los antecedentes
Según informó el Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, el pasado 18 de diciembre del año en curso, el Gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, y el Secretario Administrativo y Financiero, Harold Casas, le hicieron llegar una carta con copia del oficio dirigido a María Helena Ramírez, en ese entonces Tesorera del Departamento. En la misiva los funcionarios le solicitan a la Tesorera información sobre una inversión hecha en la entidad Probolsa, S.A., de Cali, donde se hicieron inversiones por valor superior a los 12 mil millones de pesos. En la carta se anota que según informe de la División de Apoyo Fiscal, DAF, esa entidad no está autorizada para recibir depósitos de dinero y tampoco tiene el control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, aunque sí el de Superintendencia de sociedades por ser una sociedad anónima. Enfatizan el Gobernador y el Secretario en el documento enviado a la Contraloría, que estos hechos realizados por la Tesorera no fueron consultados ni informados como era el deber de la funcionaria en su calidad de subalterna, por lo tanto esas acciones habrían sido hechas ‘bajo cuenta y riesgo’ de la Tesorera.
Las acciones
Con los datos proporcionados por la Gobernación, la Contraloría Departamental implementó acciones inmediatas. Por eso, como representantes de un organismo de control y en ejercicio de la función de policía judicial, una comisión encabezada por el Contralor Departamental y con el acompañamiento de personal del DAS, se trasladó a la Tesorería del Departamento para recoger toda la información necesaria, “tomamos todas las pruebas documentales para tenerlas en cadena de custodia. También nos trasladamos a Cali a la firma Probolsa donde hicimos otro operativo de policía judicial para solicitar todos los documentos que había en el folder de Gobernación”, señaló Urbano Rojas.
Estas pesquisas permitieron establecer los montos exactos invertidos por el Departamento y además constatar que en la misma firma había inversiones del municipio de Silvia y del Hospital San Vicente de Paúl de Santander de Quilichao. Así, se estableció que la cifra correspondiente a los recursos del Cauca ascendía a 11 mil millones de pesos; la de Silvia a 500 millones de pesos y la del Hospital a 651 millones de pesos.
De estos recursos se encontraron y recuperaron en TES del Departamento 3.352 millones de pesos y del Hospital de Santander de Quilichao 651 millones de pesos, esto significa que faltan por recuperar 7.642 mil millones de pesos para el Cauca, incluyendo los intereses, y para Silvia 500 millones de pesos.
Agregó el Contralor, que fue posible verificar que se sabía mediante escritura pública 4165 de la notaría Trece de Cali, que el 5 de noviembre del año en curso Probolsa oficializó su proceso de disolución y liquidación y, no obstante, los depósitos se hicieron el 30 de noviembre y el 5 de diciembre de 2008.
Se informó que además de la investigación fiscal a cargo de la Contraloría Departamental, se hizo el respectivo traslado a los organismos competentes para las investigaciones y sanciones penales y disciplinarias del caso.
Recuperación de recursos públicos
Para el Contralor del Departamento, si bien es importante sancionar y castigar a los responsables de estos hechos, la fundamental es recuperar esos recursos públicos que por ahora están ‘perdidos’, “lo que hacemos es perseguir por la vía judicial a Probolsa, entidad defraudadora, y hacer efectiva las pólizas que tienen los funcionarios que manejan recursos públicos. Así mismo mirar los embargos o secuestros sobre bienes de estos funcionarios para garantizar la recuperación del dinero”, afirmó Urbano Rojas.
Añadió, que para el cauca sería muy grave no recuperar esos dineros porque quedaría con un ‘hueco fiscal’ que lesionaría las finanzas regionales.
Las fallas internas
Estos hechos que develan problemas en el manejo de los recursos públicos, ponen también en evidencia fallas en los sistemas de control, “creo que falló el control interno y el control jerárquico. Que incidió el no tener una plataforma tecnológica que permita al ordenador del gasto y a los jefes confirmar diariamente las cuentas para no dejar al arbitrio de un funcionario la disposición de los recursos”, afirmó el Contralor quien señaló que esto genera responsabilidad en la investigación que está abierta, obviamente con el derecho al debido proceso y la contradicción de los implicados.
“Fallaron los mecanismos de verificación de inversiones, la seguridad que debe existir en el manejo de los recursos públicos, la parte jurídica en cuanto al estudio de las entidades con las cuales se va a contratar, todo esto es objeto de la investigación y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, enfatizó Álvaro Urbano Rojas.
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