A concretar acciones por Páez

Pasar, como dice el refrán, ‘del dicho al hecho’ es lo que se planteó en la reunión convocada por la Contraloría Departamental del Cauca para analizar la situación de riesgo en que se encuentra la población de Belalcázar y específicamente más de mil estudiantes cuyas instituciones están ubicadas sobre la margen del Río Páez.

Con un acta donde fueron consignados cada uno de los puntos tratados en la reunión y las intervenciones de los representantes de las diferentes entidades de la región, se busca interpelar al Gobierno Nacional para que dé respuestas a los problemas más urgentes de la población ante el riesgo de una posible erupción del Volcán Nevado del Huila y una consecuente nueva avalancha en la zona.

Para lograr ese objetivo el documento resultante de la reunión insta al Contralor General de la Nación a emitir un Control de Advertencia nacional que dé cuenta de la gravedad de la situación.

Según el Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, la idea es no limitarse a recomendaciones sino asumir obligaciones propositivas, “no queremos que todo se quede en un documento, sino que se refleje en acciones y políticas efectivas para atender con eficiencia y eficacia la problemática”, resaltó.

En la reunión se identificaron tres grandes prioridades en la zona: la reubicación de entidades educativas, la necesidad de vivienda en sitios seguros y la urgencia de terminar obras de infraestructura como puentes y albergues. En ese sentido, se pedirá a las respectivas dependencias del Estado que informen sobre las acciones realizadas hasta el momento y se asignen responsabilidades frente a las soluciones.

Y es que para los representantes de las diferentes entidades es claro que una de las grandes limitantes hasta el momento ha sido la asignación de recursos que no se compensa con la magnitud de los hechos ocurridos en la zona y del riesgo que sigue latente. De hecho, este año el Gobierno Nacional asignó al municipio de Belalcázar sólo 100 millones de pesos, cifra que no alcanza ni siquiera para la construcción de los más de 50 albergues que se requieren.

Aunque existe un presupuesto ya asegurado de 6 mil millones de pesos para puentes peatonales y caballares y 4 mil millones de pesos para terminar la reubicación de la Normal, estos recursos se derivaron de la primera avalancha registrada en la zona en 1994 y no alcanzan para finalizar todas las obras, máximo considerando que el año pasado sucedió otra avalancha que aumentó la afectación de la comunidad.

Ante este panorama el abogado Urbano Rojas insistió en que la prioridad es solucionar el problema educativo, “hay que reubicar escuelas y garantizar el servicio educativo, la solución no es suspender las clases, hay que tomar todas las medidas necesarias y salvaguardar la vida, sólo donde hay vida se puede hablar de viviendas, puentes, etc”.

Cifras y datos para tener en cuenta
*Según diagnóstico local dado a conocer al Crepad, en la zona se requiere la construcción de 6 albergues en la cabecera municipal y 49 en la zona rural
*La Procuraduría Regional ante denuncio del Senador Jesús Piñacué adelanta una investigación de carácter averiguatorio para determinar si hay responsabilidad de funcionarios o dependencias por la no construcción oportuna de albergues.
*De acuerdo a un estudio de Ingeominas, 160 viviendas que siguen habitadas desaparecerían en caso de ocurrir una nueva avalancha.
*La Contraloría podría iniciar procesos administrativos, disciplinarios y fiscales si se hace caso omiso a los Controles de Advertencia que buscan minimizar el riesgo, salvar vidas y evitar el detrimento del patrimonio público.