sábado, 23 de mayo de 2009

Preocupación por efectos de la segregación territorial


*El municipio nortecaucano afronta una difícil situación financiera que pone en riesgo su viabilidad.

La preocupación por los efectos financieros generados por la segregación de Guachené fue el denominador común en el Foro realizado por la Contraloría Departamental del Cauca en el municipio de Caloto.

El evento fue el escenario ideal para que la comunidad expresara sus inquietudes frente a ese y otros temas y también denunciara situaciones que considera anómalas y que el organismo de control, en el marco de su competencia, entrará a investigar.

Por eso el Contralor Departamental del Cauca, Álvaro Urbano Rojas, destacó la importancia de estos foros, “se evidencia la necesidad de generar escenarios para que la comunidad participe activamente y se articule el control social, fiscal y político; son espacios clave para construir ciudadanía y generar responsabilidad social”, señaló.

Esa visión la comparte el Secretario de Gobierno, Gonzalo Ramírez, quien actuó en calidad de Alcalde encargado durante el foro, “como municipio creemos que es muy acertada esa política de la Contraloría porque abre espacios a la gente, lo público hay que mostrarlo y nosotros como funcionarios tenemos el deber de rendir informes y dar la cara a la comunidad”.

De igual manera el Personero Municipal, Juan Manuel Jaramillo, señaló que con el foro se dio un paso adelante en la participación comunitaria en los temas del municipio y anunció que como parte de sus funciones pedirá el acta del evento y de acuerdo a las denuncias hechas correrá traslado a las autoridades competentes. Agregó que uno de los compromisos resultado del foro es crear veedurías ciudadanas y, en ese sentido, se pretende conformar una por cada Junta de Acción Comunal para que haya control social en cada barrio, vereda y corregimiento del municipio.

La ‘crisis’ de Caloto
Según el Contralor Departamental, la situación de Caloto es compleja en tanto tiene una deuda de más de 40 mil millones de pesos; una planta insostenible de casi 130 funcionarios y unos fuertes ‘coletazos’ de la división territorial que ha generado consecuencias directas en la asignación presupuestal, en la deuda pública y en el ingreso de rentas, entre otros aspectos. “Este panorama compromete la viabilidad y estabilidad financiera del municipio, por eso vamos a hacer una mesa de trabajo donde haya la posibilidad de concertar esta problemática con los alcaldes de los municipios involucrados y poder definir qué va a pasar con el pasivo y hacer un acto de equidad. Esto implica voluntad política y por ello la Contraloría busca ser facilitador en este proceso” afirmó el abogado Urbano Rojas.



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