lunes, 2 de noviembre de 2009

El 'control' en las comunidades indígenas




*En Guambía, se realizó una ‘minga de pensamiento’ para analizar las implicaciones del control fiscal y los impuestos en las zonas indígenas.

Un acercamiento entre la comunidad indígena y los entes de control municipal y departamental se dio gracias al foro sobre ‘Impuestos y Control Fiscal’ llevado a cabo en la vereda Santiago, en el resguardo de Guambía. El evento, organizado por los líderes guambianos, fue un espacio de reflexión y análisis sobre la cosmogonía indígena, la autoridad propia y la relación con la autoridad externa.

Para Manuela Artega Muñoz, Directora Técnica de Auditoría y Gestión de Resultados de la Contraloría Departamental, el balance de la jornada es positivo en tanto permitió analizar la normatividad vigente, concertar con la comunidad y reflexionar en torno al control fiscal.

Además, según la funcionaria, se pudo explicar el trabajo realizado por la entidad en años anteriores como la auditoría realizada al Cabildo en el año 2006 a la vigencia 2005, “en ese entonces y aunque trabajamos con la directriz de Planeación Nacional, la entidad tuvo en cuenta que es importante que la asamblea indígena sea quien decida y determine las prioridades para los proyectos de su desarrollo. En esa auditoría se encontraron muchos hallazgos de tipo administrativo, básicamente porque no se manejaban correctamente los procedimientos y había desconocimiento de la norma”, señaló.

Sobre el tema Samuel Almendra Velasco, Gobernador del Resguardo de Guambía, afirmó que precisamente por las dificultades presentadas en años anteriores uno de los objetivos del foro era, “comenzar a tejer redes con los entes de control de afuera, que con toda razón deben controlar los recursos que vienen de afuera, y poder como autoridades indígenas dejar claridad hacia dentro y hacia afuera de las comunidades”.

Agregó Almendra Velasco, que es claro que las comunidades indígenas siempre han tenido formas de control propias trasmitidas de generación en generación por tradición oral y que por respeto a la autonomía territorial, administrativa y organizativa las autoridades externas deben entender las particularidades de esos procesos, “esperamos que nos entiendan y también establecer convenios de trabajo”.

Según el Gobernador del Resguardo, hay aspectos que la Ley no contempla y que dificultan la rendición de cuentas de las comunidades, “hay trabajos a los cuales hay que invertirles recursos como la minga y la medicina tradicional. Tenemos gastos de funcionamiento y no tenemos recursos propios pero la norma no acepta eso”, resaltó.

Precisamente la señora Arteaga Muñoz, destacó que si bien la normatividad ha ido en avance y permite a los resguardos determinar mayores prioridades, diferentes a las cinco establecidas en la 715 hay aspectos que no se pueden legalizar bajo las normas vigentes, “ahora la Ley 21 les permite priorizar, de acuerdo al desarrollo que requieran, inversiones en otras actividades como la compra de tierras o el mejoramiento de vías pero no es factible legalizar gastos de funcionamiento, por citar un ejemplo”.

Al finalizar el foro los participantes tanto de la comunidad indígena como de las entidades gubernamentales, coincidieron al afirmar que se avanzó en ele entendimiento de los planteamientos de las partes y que se debe seguir fortaleciendo la relación entre las autoridades para cumplir con la ley, poder ejecutar los recursos adecuadamente y avanzar en los proyectos de desarrollo.

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