Formación participativa

Con jornadas muy participativas se desarrolló en Popayán y Santander de Quilichao el Programa de Formación en Gestión Efectiva, Gobernabilidad, desarrollo y Democracia liderado por el Cedae de la Registraduría Nacional en alianza con la Contraloría Departamental del Cauca y gracias al auspicio de la OEI y la Comunidad de Madrid.
La próxima semana se realizará la última fase de este Programa dirigido a funcionarios públicos del Departamento.

Construyendo territorio

*Arrancó la segunda fase de capacitación en gestión efectiva, gobernabilidad y democracia en el Cauca.

Con el desarrollo de los módulos en ‘Gerencia Pública Efectiva y Participación para la Gobernabilidad y el Desarrollo’ y ‘Contratación Pública Aplicada’ arrancó la segunda fase del programa de formación para funcionarios públicos desarrollado por el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales, Cedae, de la Registraduría Nacional, en alianza con la Contraloría Departamental del Cauca y bajo el auspicio de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y la Comunidad de Madrid.

Más de 80 funcionarios y alrededor de diez alcaldes de la zona Sur, Occidente, Costa Pacífica y Centro del Departamento se reunieron en esta sesión realizada en la capital caucana y que se replicará en el municipio de Santander de Quilichao para los representantes del Norte del Cauca.

Para Álvaro Mancera Ospina, Experto del Cedae y conferencista de la primera jornada, uno de los objetivos centrales del módulo de Gerencia Pública Efectiva, es hacer un análisis general, a partir de un enfoque gerencial, y reforzar el ejercicio creativo del funcionario con visión amplia para construir propuestas y plantear soluciones.

Señaló además, que es fundamental reconocer el alcance e importancia de la gestión pública, mirar el concepto de gestión como proceso y recordar los actores, su responsabilidad y competencias ya que esto le permite al funcionario y a su organización reconocer la política pública y su objeto para tener una dimensión diferente de su quehacer en el territorio.

Por su parte, el Contralor Departamental, Álvaro Jesús Urbano Rojas, resaltó la importancia de estos programas de formación que buscan fortalecer el talento humano en el sector público y con ello mejorar la gestión pública volviéndola efectiva y eficaz.

Señaló el abogado urbano Rojas que esta formación, resultado del liderazgo de la Contraloría y patrocinada con recursos de cooperación internacional, es completamente gratuita para los funcionarios.

Temáticas a desarrollar
El primer módulo sobre Gerencia Pública y Participación incluye temas como gobernabilidad y gestión en el territorio; planeación estratégica; gerencia integral; la democracia, sus valores y su desarrollo; participación ciudadana y política y mecanismos de participación ciudadana, entre otros.
En el módulo de Contratación se incluyen temáticas como marco normativo de la contratación pública; etapas del procesamiento contractual; tipos de contratos y estructura y interventorías y veedurías ciudadanas.

Programación de las sesiones
Para desarrollar adecuadamente este Programa de Formación se programaron sesiones en Popayán y Santander de Quilichao que se llevarán a cabo esta última semana de enero y la primera del mes de febrero así:

En la capital caucana del 28 al 30 de enero se adelanta el primer módulo (Gerencia Efectiva y Participación), y los días 5 y 6 de febrero el segundo (Contratación).

En Santander el jueves 29 y viernes 30 de enero se comenzará con el módulo de Contratación y se finalizará con Gerencia Efectiva y Participación en una jornada que se desarrollará entre el 4 y 6 de febrero.

Perfil de los facilitadores
*Área de Gerencia Pública Efectiva: Álvaro Mancera Ospina
Profesional en Ingeniería Industrial y Administración de Empresas; estudios especializados en Ciencia Administrativa y Gestión Pública, Gerencia de Proyectos, Planeación del Desarrollo, Finanzas; con alta experiencia y amplio conocimiento en el área de Gerencia Estratégica y Gestión Empresarial, Gestión de Calidad, Desarrollo Territorial y Habitacional.
Actualmente se desempeña como Asesor del sector público y privado, Conferencista y Consultor Internacional y Experto temático del Cedae.

*Área de Participación: Carlos Antonio Coronel
Abogado, Docente universitario con diversas publicaciones en materia de Derecho Electoral y Mecanismos de Participación Ciudadana.
Actualmente se desempeña como Asesor de la Registraduría Delegada en lo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

*Área de Contratación: Jorge Hernán Suárez Bernal
Abogado consultor, Especialista en Derecho Administrativo, en Contratación Estatal, en Gestión de Entidades Territoriales y candidato a Magister en Derecho Administrativo. Asesor jurídico en diferentes municipios del país y centros hospitalarios.

Caso Probolsa pasa a Contraloría General

*Conforme a la Ley el organismo de control del orden nacional adelantará el proceso de responsabilidad fiscal inicialmente liderado por la Contraloría Departamental.

Tal como había informado el Contralor Departamental, Álvaro Jesús Urbano Rojas, y acorde a lo planteado por la Ley, la investigación sobre el caso Probolsa S.A., pasó a manos de la Contraloría General de la Nación.

La oficialización de esta medida la hizo la Contraloría General de la República, CGR, mediante el Auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal 1390 que responde a las normas sobre el control prevalente y concurrente “cuando se trate de presuntas irregularidades que comprometan recursos del orden nacional transferidos a los entes territoriales”.

Para el abogado Urbano Rojas esta medida es el claro resultado de la aplicación de las normas vigentes. Ya con anterioridad el Contralor en reunión con el Gerente de la Contraloría General en el Cauca, advertía la situación y había explicado la prevalencia que estipula la Ley, sobre todo teniendo en cuenta que los recursos en cuestión provienen del Sistema General de Participaciones.

“Esto se da por mandato de la Constitución y la Ley y no porque exista algún tipo de inhabilidad ética, moral o legal del Contralor, porque eso no es cierto. Como lo dije ante la Veeduría y la opinión pública es por competencia que la investigación debe ser adelantada por la Contraloría General de la República”, enfatizó el Contralor del Departamento.

Ante el requerimiento de la CGR donde se pide a la Contraloría Departamental que “remita las actuaciones adelantadas en relación con los hechos materia de la investigación y el material probatorio el cual será incorporado al proceso, si fue válidamente recaudado, y ordenando cancelar el radicado respectivo a efecto que no existan dos investigaciones por los mismos hechos”, Urbano Rojas afirmó que esta misma semana se enviarán todos los documentos y pruebas del proceso para que la Contraloría General siga con el curso de la investigación.

De frente a la Rendición Electrónica

*Los sujetos de control del Departamento participaron masivamente en una intensa jornada de capacitación preparatoria para la Rendición Electrónica de Cuentas.

Atrás quedaron las grandes cantidades de papel y la acumulación de folios para Rendir Cuentas ante los organismos de control, ahora y según lo estipula la Ley, debe hacerse exclusivamente por medio electrónico. Si bien, el proceso comenzó el año anterior con la difusión de la normatividad y con una rendición que podía realizarse tanto en físico como electrónicamente, en el 2009 el giro es total y obliga a los sujetos de control a prepararse para cumplir con la Rendición Electrónica de Cuentas.
Por eso, la Contraloría Departamental a través de su Fundación de Apoyo desarrolla desde ayer y hasta mañana sábado, una serie de capacitaciones bajo la orientación del ingeniero, consultor de la Auditoría General de la República y experto en el tema, Víctor Salazar.

Las sesiones, que se programaron por zonas regionales, es decir agrupando en una primera jornada a los funcionarios del Sur, Oriente y Occidente y, en la segunda, a los provenientes del Norte y Centro del Departamento, se diseñaron para que fueran prácticas y participativas. En ese sentido, se habilitaron alrededor de cien computadores portátiles por día trabajando en red de manera simultánea. Esto permite que el participante interactúe con el sistema y resuelva sus dudas de forma inmediata. La tercera y última jornada se dedicará a resolver preguntas e inquietudes de quienes participaron en las capacitaciones, también en una sesión práctica.

Para el ingeniero Víctor Salazar lo más importante de estas capacitaciones es sensibilizar a los representantes de los sujetos de control sobre la importancia y la obligación de la Rendición Electrónica de Cuentas, “los sujetos quizá por falta de control no habían tomado muy en serio este proceso que antes se hacía en medio físico, entonces mandaban listados, folios, etc. Muchas veces duplicaban la información de forma ilegal, sólo por cumplir y hacer bulto. Este sistema nos permite organizarnos y a través de estas capacitaciones enfrentamos el miedo que suponen los cambios y las tecnologías”.

Y es que desde la experiencia desde el conferencista el principal obstáculo es el temor de los funcionarios ante el escaso conocimiento de herramientas tecnológicas que les permitan dominar el procedimiento, por ello cree que la mayor ganancia de la capacitación en lograr motivarlos y darles las bases para enfrentarse a los cambios y a la plataforma tecnológica sin miedos.

Salazar resaltó que la Rendición Electrónica de Cuentas mejora el control fiscal y metafóricamente lo comparó con un Policía que vigila todo el tiempo el comportamiento de los ciudadanos, “este procedimiento le pone los ojos encima a los sujetos de control, tenemos programas de vigilancia constante en todo el proceso lo que da herramientas a las contralorías para controlar efectivamente y eso es muy positivo”.

El contralor no tiene impedimentos

*Frente a los señalamientos de la Veeduría para investigar el caso Probolsa, así como para ejercer la labor fiscalizadora en el Cauca, el Contralor del Departamento señaló que no tiene impedimentos jurídicos, morales ni éticos.

Con extrañeza recibió el Contralor del Departamento, Álvaro Jesús Urbano Rojas, los señalamientos hechos por la Veeduría Ciudadana y específicamente la petición que ésta hiciera de que se declare impedido en la investigación que se adelanta por la inversión irregular de dineros públicos del Cauca en la empresa Probolsa S.A.

Para el abogado Urbano Rojas en todas sus actuaciones y, específicamente en este proceso investigativo, ha cumplido con sus funciones legales y constitucionales como adelantar la apertura del proceso; realizar acciones de Policía Judicial tanto en las dependencias de Probolsa S.A., como en las de la Tesorería Departamental; dictar las medidas cautelares pertinentes y vincular al proceso a las personas que supuestamente están implicadas en este detrimento patrimonial.

“Estoy extrañado por la posición de la Veeduría, yo los atendí oportunamente en mi despacho, fui muy honesto con ellos para que vengan a cuestionar mi comportamiento ético y moral; incluso ya les había informado en esa reunión que por competencia y por el control prevalente la investigación iba a ser asumida por la Contraloría General de la República, para que ellos en un afán de protagonismo vengan a plantear que me declare impedido moral y éticamente y hacer quedar ante la opinión pública como que la desvinculación de la investigación fuese por producto y presiones de la misma Veeduría”, dijo el Contralor Departamental.

Además Urbano Rojas calificó como agresivo este comportamiento de la Veeduría y afirmó que no es la manera de hacer control social, “pienso que los problemas y los temas no se deben tratar así, atacando, involucrando a un funcionario del control fiscal que ha hecho todo cuanto está a su alcance para adelantar una investigación con el debido proceso, brindando garantías legales y constitucionales y abriendo el proceso a la misma Veeduría para que ellos estén pendientes y hagan un seguimiento estricto a la investigación”.

Algunos hallazgos del proceso:
1. La modalidad de transacción fue electrónica sin soporte contractual o de ordenación de gasto que viabilizara esta operación financiera o el movimiento de tesorería.
2. Falta de estudios frente a la solvencia económica de la firma Probolsa en tanto esta firma venía generando pérdidas operacionales desde el año 2006 y 2007. Esto concomitantemente con la no existencia del contrato impidió constituir pólizas que garantizaran la recuperación de los recursos.
3. Hubo deficiencias en el manejo del control interno porque no se explica cómo en un movimiento de tesorería de esta magnitud no hay informes ni existe plataforma tecnológica que permita hacer seguimiento a los movimientos de tesorería, ni hacer reportes al Gobernador, al Secretario de Hacienda y al Jefe de control interno.
Y aunque el funcionario fue enfático al afirmar que declararse impedido no es procedente legalmente al no existir inhabilidad de ninguna clase, señaló que está dispuesto a renunciar a su cargo de Contralor si alguna persona le demuestra que ha incumplido o faltado a sus funciones de control fiscal o ha tenido comportamientos anti éticos que atenten contra su desempeño, “creo que con el buen nombre y el buen proceder de un funcionario público no se debe jugar y en eso quedé inquieto y extrañado, ese papel agresivo no es el de las Veedurías, ellas deben lograr que las investigaciones se hagan objetiva, oportuna y eficientemente sin atacar a los funcionarios”.

La continuidad de la investigación
El Contralor Departamental aclaró ante la opinión pública que siguiendo lo planteado en la Ley es competencia de la Contraloría General de la Nación asumir la investigación del caso Probolsa S.A., en tanto los recursos provienen del Sistema General de Participaciones. Además por mandato de la Constitución cuando existe una competencia concurrente también hay competencia prevalente, lo que significa que prevalece en cabeza de la Contraloría General de la Nación sin que ello implique que hayan inhabilidades o incompatibilidades para adelantar el proceso por parte de la Contraloría Departamental.

El avance del proceso
Según Urbano Rojas se debe resaltar que hay claridad sobre el tema y que la comunidad tiene la debida ilustración sobre el mismo. Para sintetizar la investigación realizada hasta el momento, y sin violar la reserva del sumario, informó que se adelanta el debido proceso respetando el derecho a la contradicción, a la legítima defensa y que hasta tanto no esté en firme la investigación no se pueden dictar providencias donde se involucre a funcionarios o gestores públicos.

Posible recuperación
El abogado Urbano Rojas dio a conocer que en el marco de la investigación se hallaron unos documentos, en balance hecho a noviembre de 2008, constituídos en la firma Serfinco. Se trata de unos cupones con operaciones sin estructurar a cargo de Probolsa S.A., para inversiones en TES que ascienden a la suma de 11 mil millones de pesos; de lograr que estos cupones se constituyan en TES a favor del departamento se bajaría de manera considerable la pérdida de recursos públicos.

A recuperar dinero público

*Alrededor de 8 mil millones de pesos del Departamento siguen en ‘el limbo’. Contraloría Departamental adelanta investigación y procesos para evitar el detrimento patrimonial.

Recuperar una cifra cercana a los 8 mil millones de pesos del Departamento es la prioridad en este momento para la Contraloría, entidad que adelanta una investigación de responsabilidad fiscal por hechos sucedidos en la Tesorería de la actual administración seccional y en los cuales se invirtió una millonaria suma de recursos públicos en una empresa en liquidación.

Los antecedentes
Según informó el Contralor del Departamento, Álvaro Urbano Rojas, el pasado 18 de diciembre del año en curso, el Gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, y el Secretario Administrativo y Financiero, Harold Casas, le hicieron llegar una carta con copia del oficio dirigido a María Helena Ramírez, en ese entonces Tesorera del Departamento. En la misiva los funcionarios le solicitan a la Tesorera información sobre una inversión hecha en la entidad Probolsa, S.A., de Cali, donde se hicieron inversiones por valor superior a los 12 mil millones de pesos. En la carta se anota que según informe de la División de Apoyo Fiscal, DAF, esa entidad no está autorizada para recibir depósitos de dinero y tampoco tiene el control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, aunque sí el de Superintendencia de sociedades por ser una sociedad anónima. Enfatizan el Gobernador y el Secretario en el documento enviado a la Contraloría, que estos hechos realizados por la Tesorera no fueron consultados ni informados como era el deber de la funcionaria en su calidad de subalterna, por lo tanto esas acciones habrían sido hechas ‘bajo cuenta y riesgo’ de la Tesorera.


Las acciones
Con los datos proporcionados por la Gobernación, la Contraloría Departamental implementó acciones inmediatas. Por eso, como representantes de un organismo de control y en ejercicio de la función de policía judicial, una comisión encabezada por el Contralor Departamental y con el acompañamiento de personal del DAS, se trasladó a la Tesorería del Departamento para recoger toda la información necesaria, “tomamos todas las pruebas documentales para tenerlas en cadena de custodia. También nos trasladamos a Cali a la firma Probolsa donde hicimos otro operativo de policía judicial para solicitar todos los documentos que había en el folder de Gobernación”, señaló Urbano Rojas.

Estas pesquisas permitieron establecer los montos exactos invertidos por el Departamento y además constatar que en la misma firma había inversiones del municipio de Silvia y del Hospital San Vicente de Paúl de Santander de Quilichao. Así, se estableció que la cifra correspondiente a los recursos del Cauca ascendía a 11 mil millones de pesos; la de Silvia a 500 millones de pesos y la del Hospital a 651 millones de pesos.

De estos recursos se encontraron y recuperaron en TES del Departamento 3.352 millones de pesos y del Hospital de Santander de Quilichao 651 millones de pesos, esto significa que faltan por recuperar 7.642 mil millones de pesos para el Cauca, incluyendo los intereses, y para Silvia 500 millones de pesos.

Agregó el Contralor, que fue posible verificar que se sabía mediante escritura pública 4165 de la notaría Trece de Cali, que el 5 de noviembre del año en curso Probolsa oficializó su proceso de disolución y liquidación y, no obstante, los depósitos se hicieron el 30 de noviembre y el 5 de diciembre de 2008.

Se informó que además de la investigación fiscal a cargo de la Contraloría Departamental, se hizo el respectivo traslado a los organismos competentes para las investigaciones y sanciones penales y disciplinarias del caso.

Recuperación de recursos públicos
Para el Contralor del Departamento, si bien es importante sancionar y castigar a los responsables de estos hechos, la fundamental es recuperar esos recursos públicos que por ahora están ‘perdidos’, “lo que hacemos es perseguir por la vía judicial a Probolsa, entidad defraudadora, y hacer efectiva las pólizas que tienen los funcionarios que manejan recursos públicos. Así mismo mirar los embargos o secuestros sobre bienes de estos funcionarios para garantizar la recuperación del dinero”, afirmó Urbano Rojas.

Añadió, que para el cauca sería muy grave no recuperar esos dineros porque quedaría con un ‘hueco fiscal’ que lesionaría las finanzas regionales.

Las fallas internas
Estos hechos que develan problemas en el manejo de los recursos públicos, ponen también en evidencia fallas en los sistemas de control, “creo que falló el control interno y el control jerárquico. Que incidió el no tener una plataforma tecnológica que permita al ordenador del gasto y a los jefes confirmar diariamente las cuentas para no dejar al arbitrio de un funcionario la disposición de los recursos”, afirmó el Contralor quien señaló que esto genera responsabilidad en la investigación que está abierta, obviamente con el derecho al debido proceso y la contradicción de los implicados.

“Fallaron los mecanismos de verificación de inversiones, la seguridad que debe existir en el manejo de los recursos públicos, la parte jurídica en cuanto al estudio de las entidades con las cuales se va a contratar, todo esto es objeto de la investigación y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, enfatizó Álvaro Urbano Rojas.

Comunidad 'vigilará' obras

*El matadero y el botadero de basuras a cielo abierto generaron polémica en la comunidad y posiciones encontradas con la administración municipal. Contraloría realizó Audiencia Pública para buscar soluciones.

Después de un álgido debate que se extendió por casi cinco horas, los mercadereños llegaron a una concertación sobre dos obras que han sido motivo de polémica en este año: el matadero municipal y el botadero de basura a cielo abierto.

Las problemáticas generaron el desplazamiento del Contralor Departamental, Álvaro Urbano Rojas, a la localidad donde se realizó una Audiencia Pública a raíz de las quejas ciudadanas. El encuentro posibilitó acuerdos entre las partes que quedaron registrados en actas donde se estipulan compromisos y responsabilidades.

Las raíces del problema
De manera recurrente la comunidad venía expresando sus quejas por los inconvenientes ocasionados a raíz del sacrificio de animales en una infraestructura inadecuada y ubicada en el perímetro urbano del municipio.

Según Alcibiades Bolaños, quien denunció la situación ante la Contraloría, desde hace muchos años los habitantes de la localidad y específicamente los residentes en el barrio Puerto Limón, aledaño al matadero, han tenido que padecer los ruidos generados por las reses al ser sacrificadas sin ninguna técnica y a horas de la madrugada. De igual manera asegura que las heces, la presencia de vectores, los malos olores y el manejo inadecuado de residuos, entre otros aspectos, han generado contaminación ambiental y enfermedades a la población.

Frente al botadero de basura a cielo abierto, Luis Fernando Enríquez, quien interpuso queja ante el organismo de control, afirmó que este lugar genera contaminación ambiental y es un riesgo para la población en tanto no existe ningún tratamiento de los residuos y en el sitio hacen presencia personas y animales sin ningún control que evite problemas de salubridad.

En los dos casos la comunidad pide que se reubiquen definitivamente las obras y que se tomen las medidas necesarias para mitigar el impacto ambiental y los problemas de salud en la población.

La posición de la Administración
El alcalde de Mercaderes, Harold Hernán Vásquez, reconoció las problemáticas denunciadas por la comunidad a la vez que afirmó que son asuntos que vienen de administraciones pasadas y a las que sólo ahora se les está buscando una solución de fondo.

Agregó el Mandatario que ya se están invirtiendo recursos por el orden de los 80 millones de pesos para readecuar el matadero y solucionar los problemas denunciados por la comunidad y que en el caso del botadero de basura y, siguiendo los lineamientos planteados por el Invima y el Ministerio del Medio Ambiente, se destinaron 30 millones de pesos de la administración y se consiguieron otros 30 millones de pesos por parte de la CRC para tomar medidas correctivas y mejorar el manejo de los residuos.

Las conclusiones y los acuerdos
Gracias a la Audiencia Pública liderada por el organismo de control departamental se lograron conciliar las posiciones y plantear medidas inmediatas.

Según informó el Contralor Álvaro Urbano Rojas, se llegó a una conciliación que beneficie a las partes pero sobretodo a los mercadereños. Agregó que la Administración se comprometió a optimizar el funcionamiento del matadero respecto al impacto medio ambiental no sacrificando animales en horas de descanso de la comunidad, manejando mejor los residuos, las heces, sangrados, grasas, etc. Además se replantea el sacrificio de una manera más técnica reduciendo los problemas de ruidos, vectores y contaminación en general.

Para el Contralor Departamental, es necesario que la comunidad entienda que construir un matadero nuevo tiene costos muy elevados lo que hace inviable esa posibilidad, “para una población como Mercaderes podría significar 800 ó 1.000 millones de pesos y tendría que tener un índice de ocupación de 100 o más reses semanales y el municipio únicamente sacrifica entre 10 y 20 reses”.

Según Urbano Rojas, las medidas pactadas garantizan soluciones inmediatas para la comunidad y de paso se evitan problemáticas como el abigueato, el sacrificio insalubre, el suministro de carne sin garantías y la especulación en los precios, entre otros.

En el caso del botadero y de acuerdo a la Auditoría realizada por la Contraloría Departamental, el sitio no cumple con los requisitos técnicos necesarios, “no hay cubrimiento, no hay maquinaria, no hay encalado, no hay chimenea, ni manejo de gases, ni lixiviados. Allí conviven seres humanos y animales domésticos lo que genera problemas sanitarios de consecuencias impredecibles. Por eso ya hicimos un Control de Advertencia a la Administración para que en el menor tiempo posible cumpla con la adecuación”.

Siguiendo los lineamientos del Control de Advertencia, lo planteado en la normatividad vigente y lo expuesto por la comunidad, se determinó iniciar el Plan de Cierre del botadero que ya aprobado por la CRC. Eso permitirá mejorar el manejo de los residuos, disminuir el daño ambiental y evitar problemas de salubridad. Posteriormente y de acuerdo al Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000 se determinará si el Relleno Sanitario puede hacerse en el mismo lugar o en otra parte.

El abogado Urbano Rojas aseguró que el próximo año se hará una evaluación a los acuerdos pactados en la Audiencia velando así por los intereses de la comunidad y vigilando los recursos públicos.

'Rendición de cuentas' ante Consejo Gremial

El Contralor Departamental, Álvaro Urbano Rojas y su equipo directivo presentaron en reunión con los representantes del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, un informe de las actividades desarrolladas por el organismo de control en desarrollo de su control fiscal.

Se trató de un conversatorio amigable donde el Contralor le dio a conocer a los empresarios el Plan de Desarrollo de la entidad, así como los principales resultados de la gestión de control realizada a lo largo del año.
Los empresarios, en cabeza del Director Ejecutivo del Consejo, Rodrigo Sánchez, manifestaron sus inquietudes sobre el manejo que se le ha dado a la Industria Licorera del Cauca, a la Lotería y al proceso de liquidación de la antigua Dirección Departamental del Cauca, entre otros temas.

Punto por punto el abogado Urbano Rojas explicó lo realizado por la Contraloría y resaltó los Controles de Advertencia emitidos (emergencia en Páez y Licorera) que fueron claves para indicar la necesidad de tomar correctivos urgentes en situaciones concretas.

Los miembros del Consejo Gremial y Empresarial, por su parte, expusieron los principales objetivos de su gremio que giran en torno a mejorar la competitividad de la región, trabajar por la transparencia en la administración pública y contribuir a la convivencia ciudadana.

El espacio de debate y rendición de cuentas permitió acercar a la Contraloría con los representantes del sector empresarial e incluso plantear proyectos a mediano plazo como la posibilidad de realizar un convenio para dictar un diplomado sobre veedurías ciudadanas en la región.

Panorama fiscal, entre avances y retrocesos

*Mientras la Gobernación está cumpliendo metas, los municipios presentan rezagos y los entes descentralizados dejan dudas en su desempeño.

El Contralor Departamental, Álvaro Urbano Rojas, presentó un detallado informe de la situación fiscal del Cauca ante los diputados de la región, entregando así a los representantes de la Asamblea un balance de los resultados sobre la gestión adelantada por la Contraloría sobre la vigencia 2007.

El diagnóstico que comprende a la Administración Departamental, 41 municipios y 5 entidades descentralizadas, responde a los lineamientos de Ley y en ese sentido incluye la revisión de la cuenta fiscal rendida, estado de la deuda pública y análisis financiero.

Las cuentas de la Gobernación
Para este sujeto de control, se destaca el cumplimiento en el acuerdo de pasivos y la amortización de la deuda pública. De hecho, según el informe, el estado de la deuda pública a Diciembre 31 de 2007 presenta un saldo de $23.196 millones de pesos que a diciembre 31 de 2006 era de $36.871 millones de pesos, lo que significa que se redujo de un año a otro en el 38 por ciento.
Se concluye, entonces, que el Departamento del Cauca está efectuando amortizaciones a su deuda en un promedio trimestral de $3.500 millones de pesos.

Lotería del Cauca
Basados en la aplicación y análisis de indicadores relacionados con los estados contables y ejecuciones presupuestales de Rentas y Gastos, se concluye que los resultados obtenidos indican que esta entidad no ha podido tener un proceso de franca recuperación financiera, pero que por el momento, la situación le permite en el período evaluado superar lo dispuesto en el inciso segundo del art. 14 L 617/00.

Talleres editoriales
El panorama financiero de Talleres Editoriales aún genera incertidumbre, ya que la entidad no tendría recursos suficientes para cubrir obligaciones como el Pasivo Laboral y los Pasivos Estimados si estos se hicieran exigibles en este momento.

Indeportes Cauca
De acuerdo al informe, se destaca y llama la atención de la Contraloría Departamental la disminución del 40 por ciento del excedente del ejercicio ($7.000 millones), debido al incremento en los gastos, especialmente de inversión social en formación deportiva y apoyo al deporte.

Los municipios
Para el Contralor Departamental es claro que al analizar las ejecuciones de ingresos de los municipios caucanos se observan debilidades en el proceso de planeación presupuestal. Al respecto señala que el 49 por ciento de los municipios presentan ejecuciones que superan el 90 por ciento de la meta presupuestada para la vigencia. Un 17 por ciento presenta ejecuciones que oscilan entre el 80 y el 89 por ciento de la meta presupuestada para la vigencia y un 24 por ciento presenta ejecuciones que oscilan entre el 60 por ciento y el 79 por ciento de la meta presupuestada para la vigencia.

El restante 10 por ciento presenta ejecuciones menores al 60 por ciento, grupo donde preocupa la ejecución presentada por los municipios de Argelia y Caloto que sólo llegan al 25.65 y 52.52 por ciento, respectivamente, de la meta presupuestada para la vigencia. Sobre este punto el informe de la Contraloría Departamental plantea que en el caso de Argelia es posible que se presente algún tipo de inconsistencia en la información reportada y en Caloto podría explicarse al considerar que su presupuesto se había formalizado sin contemplar la separación del corregimiento de Guachené y su posterior creación como ente municipal.

Según el informe, sólo cuatro de los 41 municipios sobrepasaron las metas propuestas, aunque en nivel poco significativo (2 por ciento). El ciento por ciento de lo presupuestado en rentas lo alcanzaron o superaron los municipios de Bolívar, Jambaló, Morales y Puracé. Sobresale como el municipio de mayor recaudo en valores absolutos Santander de Quilichao, seguido por Bolívar, Silvia y Miranda. Los que menos recaudan son los
municipios de Argelia y Florencia.

Sobre los gastos municipales, la situación no es muy diferente comparada con el manejo de los ingresos ya que al analizar las ejecuciones también se observan debilidades en el proceso de planeación presupuestal, evidenciadas en que tan sólo el 56 por ciento de los municipios presentan ejecuciones que superan el 80 por ciento de la meta presupuestada para la vigencia; un 32 por ciento presenta ejecuciones que oscilan entre el 70 y el 80 por ciento y un 12 por ciento tiene ejecuciones inferiores al 70 por ciento. En este último grupo se encuentran Buenos Aires y Rosas, cuyas ejecuciones son del 50.67 y 56.03 por ciento, respectivamente, de la meta presupuestada para la vigencia.

Otras consideraciones
El diagnóstico sobre la situación fiscal también señala que con respecto a los ingresos corrientes de libre destinación, se observa que en este valor está incluido el 28 por ciento de propósito general, valor que viene como transferencias; se advierte entonces que sin este valor la mayoría de los municipios caucanos no tendrían recursos para su funcionamiento, ya que el esfuerzo fiscal real o la generación de ingresos locales es mínima.

En otro aspecto el informe de la Contraloría señala que mientras 9 municipios sobrepasaron el límite autorizado para el funcionamiento de los Concejos municipales, únicamente 2 lo hicieron en el caso de las Personerías y el nivel de exceso fue mínimo con montos aproximados de 100 mil pesos.

Finalmente, a cerca de la deuda pública de los municipios del Departamento del Cauca, la evaluación indica que a diciembre 31 de 2007 ascendía a más de 15 mil millones de pesos (exactamente: $15.451.933.059), a cargo de 25 entes territoriales.

El endeudamiento más alto lo presentan de mayor a menor los municipios de Morales, Santander, Villa Rica, Silvia, Timbiquí, Caloto, Totoró y Piendamó, cuyos montos suman el 67.82 por ciento de la totalidad de la deuda de los municipios del Departamento del Cauca.